El Congreso cierra el año con dos proyectos claves: en Diputados se tratará la movilidad jubilatoria, que tiene media sanción de la cámara Alta. Pero las miradas estarán puestas en el Senado, donde se debatirá la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La sesión empezará a las 16 del martes y si bien no está definida la cantidad y los minutos de oradores, tendrá el cierre en las primeras horas del miércoles. La mayor especulación pasa por el rol de cinco senadores que aún no definieron (de manera pública) su voto: Silvina García Larraburu (de Río Negro y del Frente de Todos); Sergio Leavy (oficialista de Salta); Edgardo Kueider (Entre Ríos y del Frente de Todos); Stella Marís Olalla (de la UCR); y Lucila Crexell, de Movimiento Neuquino. 

Al momento, 33 senadores se pronunciaron a favor y 33 en contra, aunque en estos últimos se contabiliza a Carlos Menem, quien se encuentra internado y en estado reservado.

¿Cuándo desempata Cristina?

Según el Artículo 213 del reglamento del Senado, "si una votación se empata se abrirá una nueva discusión, se repetirá en seguida la votación, y si ésta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión".

Por eso, si bien Cristina Fernández de Kirchner cambió su opiniób sobre el aborto en los últimos años (se manifestó públicamente a favor) debe esperar para definir la votación.

Diferencias con el proyecto del 2018

A diferencia del anterior, el proyecto actual establece una pena de prisión para las personas que aborten (y para quienes les realicen el aborto) luego de las 14 semanas si está fuera de los parámetros contemplados por violación, riesgo de salud o riesgo de muerte. 

La propuesta de ley de Alberto Fernández se diferencia también por haber quitado una tercera causal para solicitar un aborto luego de las 14 semanas, que sí estaba presente en la media sanción de 2018: planteaba que se podía requerir una IVE "si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto", pero ahora no se menciona esta posibilidad. 

Otro punto de roce tiene que ver con el plazo en que el sistema de salud debe garantizar la práctica abortiva una vez que la persona gestante la solicita. Mientras que en la media sanción de 2018 se establecía un máximo de 5 días corridos, ahora se extendió a 10.

También se marca una importante diferencia en cuanto a la objeción de conciencia: en ambos textos se permite que un profesional de la salud no realice procedimientos de IVE y debe mantener su decisión en todo ámbito donde se desempeñe, aunque deben llevarlo adelante igual cuando la paciente "requiera atención inmediata e impostergable". Pero, mientras que en el anterior se menciona de forma explícita que "queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario" y que los objetores de conciencia deben haber informado previamente su decisión a la institución donde se desempeñan, la iniciativa de Alberto Fernández no menciona ninguna de las dos cosas.