La Sala I de la Cámara del Crimen, comformada por Pablo Lucero, Magdalena Laiño y Jorge Rimoldi, resolvió que Irineo Humberto Garzón Martínez, el comerciante acusado de haber abusado de una joven venezolana de 18 años en un local del barrio porteño de Balvanera, quede detenido por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal”.

Fue tras la apelación de la fiscal del caso, Silvana Russi, y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), junto con la querella de la víctima con los abogados Alejandra Cabrera y Pablo Baqué.

Con esta decisión se revocó excarcelación otorgada por la jueza Karina Zucconi, quien accedió al pedido de solicitado por la defensa del imputado al considerar que "la pena en expectativa de efectivo cumplimiento por sí sola no es obstáculo para que el nombrado no obtenga su libertad".

La decisión de la Cámara de Apelaciones de ordenar la detención se tomó con 2 votos a 1. Los jueces Pablo Lucero y Magdalena Laiño, votaron a favor, mientras que el juez Jorge Rimoldi votó en contra.

Lucero y Laíño tuvieron en cuenta el "riesgo de fuga" por la pena en expectativa del delito que se le imputa a Garzón Martínez (35), "la naturaleza violenta del suceso investigado" y "las dudas que recaen sobre su arraigo", ya que dio distintos domicilios.

La detención ahora debe ser ordenada por la jueza Karina Zucconi y podría producirse en las próximas horas en una vivienda de la calle Tandil al 5000, del barrio porteño de Mataderos, donde estaba el acusado.

El fallo se dio a conocer horas después de que la justicia civil ordenara la colocación de una tobillera electrónica para el acusado, como una medida que no estaba directamente vinculada con la causa penal pero que fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 8 con la intención de resguardar a la joven de manera cautelar a través del funcionamiento del dispositivo de geoposicionamiento dual, que permite monitorear la ubicación a través de GPS tanto de la víctima como del agresor.

Los voceros  judiciales agregaron que, en caso de que el agresor transgreda las medidas dispuestas por la Justicia, es decir, si se acerca al radio de seguridad de la damnificada, el sistema emitirá un alerta y se activarán los protocolos para darle aviso a la damnificada y enviar al personal policial más cercano.

Además, el abogado que representa a la víctima, Pablo Baque, confirmó que la jueza Zucconi dispuso durante las últimas horas la inhibición general de los bienes del acusado.

El letrado explicó que la decisión se produjo a raíz de un escrito presentado por el defensor del imputado, Osvaldo Cantoro, en el que señalaba que su cliente no podía pagar el embargo de un total de 90.000 pesos que había recaído sobre sus bienes al inicio del procesamiento.

El pasado miércoles, por otra parte, los abogados querellantes indicaron que harán una presentación para que al menos otras tres presuntas víctimas sean incorporadas formalmente como testigos a la causa que investiga a Garzón.

En sus relato habría nuevas pruebas del acoso del comerciante a sus empleadas y la repetición de un modus operandi de captación. Se desconoce, sin embargo, si existe una nueva acusación de abuso. La fiscal Russi es quien deberá definir si acepta o no la integración de sus relatos en la instrucción.

Además, Baqué horas antes del fallo de la Cámara indicó ante la prensa que están considerando denunciar a Osvaldo Cantoro, el abogado de Garzón por injuria: "Ha venido a hacerle más daño a la víctima, a provocarle mayor dolor. Es perverso".

Por otra parte,  el pasado martes se llevó a cabo un análisis toxicológico a la sangre y orina de la joven que servirá para determinar si la joven efectivamente fue drogada al momento del ataque.

"Lo único que sabe nuestra defendida es que tomó un vaso de agua, no sintió nada raro al beber y acto seguido, comenzó a sentirse mal, no sabemos que sustancia podría haberle dado. Si le dieron alcohol, puede ser también en estado de inconsciencia", indicó en su momento Baqué en diálogo con crónica.com.ar

Los resultados preliminares de las pericias toxicológicas indicaron que no se encontraron restos de estupefacientes como cocaína o marihuana en las muestras. Todavía, sin embargo, resta conocer los resultados definitivos en donde un laboratorio de alta complejidad intentará determinar la presencia psicofármacos o analgésicos.