La justicia civil ordenó este jueves la colocación de una tobillera electrónica para Irineo Humberto Garzón Martínez (35), el comerciante acusado de haber abusado de una joven venezolana de 18 años en el barrio porteño de Balvanera, como parte de una medida de restricción perimetral que le impuso para prohibirle el acercamiento a la víctima.

La medida la dispuso el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 8 quien ordenó la colocación del dispositivo de geoposicionamiento dual (tobillera) para controlar restricción de acercamiento hacía la joven de 18 años.

Voceros judiciales aclararon que trata de una medida de la Justicia civil como parte de una restricción perimetral para resguardar a las víctimas de manera cautelar y no directamente por la causa penal.

A través de este sistema puede visualizarse y monitorearse la ubicación a través de GPS tanto de la víctima como del agresor, según explicaron las fuentes judiciales.

En caso de que el agresor transgreda las medidas dispuestas por la Justicia, es decir, se acerque al radio de seguridad de la damnificada, el sistema emitirá un alerta y se activan los protocolos para darle aviso a la víctima y enviar al personal policial más cercano.

Sobre la medida dispuesta por la justicia contra Garzón Martínez, la madre de la joven contó "estar enterada de la medida" y que espera por "la pronta detención para avanzar en la investigación".

Esta medida no está vinculada a la causa penal, donde esperaban que la Sala I de la Cámara del Crimen resuelva este jueves si Garzón Martínez permanecerá en libertad o quedará detenido por el delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal", luego de la apelación realizada por las fiscales Silvana Russi y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Al respecto, voceros judiciales adelantaron que el fiscal de cámara Ricardo Sáenz mantendrá el criterio de las funcionarias judiciales y pedirá la inmediata detención del imputado, mientras que la resolución de los camaristas se dará a conocer por cédula, ya que para la diligencia no se llevará a cabo ninguna audiencia oral de tipo presencial ni virtual.

El hecho fue registrado el pasado 23 de enero, cuando la denunciante fue citada para realizar una entrevista laboral que había coordinado días antes por la red social Facebook, tras lo cual el acusado le pidió cenar el viernes para así "poder hablar sobre el trabajo", propuesta que fue rechazada por la joven, quien finalmente se presentó el sábado por la mañana en el local de la calle Paso 693.

Según el relato de la denunciante, durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces una bebida hasta que finalmente la chica aceptó tomar un vaso de agua, y tras beberlo comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su madre explicándole la situación.

"Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada", expresó la joven en el mensaje que le envió por WhatsApp y agregó la dirección en donde estaba.

Cuando la Policía ingresó al local encontró a la joven en el fondo del comercio y el acusado estaba vistiéndola y poniéndole los pantalones.

Luego, en su declaración, llevada a cabo el pasado lunes, Garzón Martínez negó los cargos ante la Justicia, acusó a la denunciante de mentirosa y dijo que tuvo relaciones consentidas y que ella se le ofreció sexualmente.