El Gobierno decidió derogar los reglamentos técnicos que afectaban la importación de bicicletas, cámaras y cubiertas, con el objetivo de facilitar la entrada de estos productos al país y promover una mayor competencia en el mercado interno.

La medida se formalizará a través de una resolución de la Secretaría de Comercio, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial. “Las bicicletas en Argentina son las segundas más caras en una comparativa con nueve países con PBI per cápita medio-alto”, explicaron desde la Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Levigne.

Según explicaron, “hasta ahora, para importar bicicletas las empresas debían enviar al exterior a un certificador autorizado a la planta de origen una vez por año”. Además, las empresas estaban obligadas a importar una muestra para ser ensayada en un laboratorio local, lo que generaba altos costos y demoras.

Estas medidas también afectaban a los fabricantes locales, quienes debían realizar pruebas en la planta sobre los productos. “Estas trabas burocráticas, eliminadas por la Resolución 274/2024, funcionaban como barreras a la libre competencia y produjeron que las bicicletas sean más costosas en Argentina que en el mercado internacional”, explicaron desde la Secretaría.

En una comparación con otros nueve países —como Inglaterra, Estados Unidos y Francia— Argentina aparece como el segundo país con las bicicletas más caras. Por ejemplo, el modelo Mountain Bike rodado 29 tiene un precio de $549.000 en Argentina, mientras que en Francia cuesta $261.485 y en Estados Unidos $244.333, según el cambio oficial.

Argentina también se ubica entre los países que menos bicicletas importa en relación a su consumo. De acuerdo con las cifras oficiales, el país se encuentra en el cuarto lugar entre las 37 naciones de América Latina y el Caribe que menos bicicletas adquieren por persona.

Además, las cámaras y cubiertas de bicicletas también estaban sujetas a controles estrictos que encarecían su importación. Entre las normativas eliminadas, se encontraba la obligación de certificar las plantas de producción en origen y realizar pruebas en productos mediante el envío de muestras.

La Secretaría de Comercio aclaró que, a pesar de estas derogaciones, la calidad y seguridad de los productos estarán garantizadas por los comercializadores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor, que protege los derechos de los compradores.