Cambios en alquileres por el DNU: ya no es obligatorio informar los contratos ante la AFIP
La entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei, que derogó la Ley de Alquileres, canceló la obligatoriedad de informar los contratos de locación.
Con la reciente derogación de la Ley de Alquileres mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) que presentó el presidente Javier Milei, la registración de los contratos de locación de inmuebles en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejó de ser obligatoria.
El DNU de 366 artículos que desregula la economía argentina, anunciado por Milei el 21 de diciembre último ya entró en vigencia, pese a los amparos y pedidos de nulidad presentados en la Justicia. El mismo establece, entre otros puntos, la derogación de la Ley de Alquileres.
De este modo, a partir del viernes último, ya no es necesario informar los contratos de alquiler ante la AFIP. Sin embargo, se mantiene la obligación de registro por los acuerdos firmados con anterioridad a ese DNU.
La Resolución General 4933/2021 de AFIP implementó un régimen, denominado RELI, para que los contratos de locación de inmuebles puedan ser declarados, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.551.
Esta norma determina: "Implementar el 'Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles' (RELI) a efectos que los contratos de locación sobre bienes inmuebles situados en el país, puedan ser declarados ante esta Administración Federal, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley N° 27.551".
Al tener en cuenta que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 derogó la Ley 27.551 de Alquileres, este punto ya no sería obligatorio para las partes involucradas en esos contratos. Aunque solo aplicaría para aquellos acuerdos firmados a partir del viernes 29 de diciembre.
Todos los contratos de alquileres de inmuebles concretados previo a la entrada en vigencia del DNU, están alcanzados por la normativa anterior.
La derogación de la Ley de Alquileres era el principal pedido de las cámaras inmobiliarias y los propietarios de viviendas. Entre los puntos más cuestionados estaban el plazo de 3 años del contrato y el aumento anual, que desde estos sectores aseguraban funcionaba en contra de los intereses de propietarios e inquilinos.
Por su parte, agrupaciones de inquilinos sostienen que reducir la duración del contrato, así como permitir una "negociación libre entre las partes" para acordar el valor de renta, atenta contra el bolsillo de los argentinos que alquilan, dado que existe una enorme desigualdad en la relación de poder: el dueño tiene todas las herramientas para imponer el monto que más le convenga sin ningún tipo de regulación por parte del Estado.
