Escándalo: tuvo un ACV en Bolivia y no lo quisieron atender por ser argentino
Orlando Ibáñez había viajado con su esposa para participar de la peregrinación de la Virgen de Urkupiña. Su familia denunció que varios hospitales públicos se negaron a recibirlo y tuvo que pagar su internación en una clínica privada.
Orlando Ibáñez y su mujer, Nilda Ruiz, son una pareja de Salta que viajaron a Bolivia para participar de la peregrinación de la Virgen de Urkupiña -se celebra el 18 de agosto en la ciudad de Quillacollo-. Pero antes de la procesión el hombre sufrió un Accidente Cerebro Vascular ( ACV) y comenzó su inferno: los hospitales públicos se negaron a atenderlo "por ser argentino".
Su hija, Gabriela Ibañez, denunció que fue discriminado “por ser argentino” y que tras ser rechazado en varios centros de salud por falta de camas terminó internado en una clínica privada donde le cobraron $180 mil.
“No vamos a sacar a un compatriota nuestro de una cama para atender a un argentino”, fue la respuesta que recibió, según contó Gabriela, en diálogo con Voces Críticas.
De acuerdo a su relato, Orlando se desmayó en medio de la calle antes de llegar a la procesón, y si bien de inmediato llamaron a una ambulancia, al lugar llegó un camión de bomberos.
“Pasaron por varios hospitales públicos y ninguno lo quería recibir”, contó indignada la mujer. Incluso el chofer del camión intentó hablar con los médicos para que reciban a Ibañez, pero la repuesta siempre fue la misma: “No iban a sacar una persona de ellos para poner un argentino”.
Ante la negativa y riesgo de vida, su familia optó por llevarlo a una clínica privada, donde finalmente fue recibido con algunas condiciones: “Le hicieron firmar un pagaré diciendo que tenían que pagar la internación y que lo iban a tener 12 horas. A mi papá lo pusieron en la terapia y, en total, gastamos $180 mil”, relató su hija.
La situación empeoró cuando el equipo médico determinó que el paciente debía permanecer más tiempo de lo estipulado en terapia intensiva, por lo que la familia tuvo que vender el auto para afrontar los gastos.
El médico le dijo a mi mamá que, "si no seguían pagando, mi papá se iba a morir ahí e íbamos a terminar pagando lo mismo para retirar el cuerpo”, relató Gabriela.
Una vez que Orlando fue estabilizado, su mujer logró hacer los trámites correspondientes para repatriarlo a Salta en un avión sanitario. El hombre estuvo internado cerca de 3 meses el Hospital de Tartagal. “Mi papá estuvo tres meses en la terapia, pero gracias a Dios está bien y se recuperó”, finalizó Gabriela.
Convenio de asistencia sanitaria recíproca entre Argentina y Bolivia
En julio de 2019, el entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y la ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, firmaron convenio de asistencia sanitaria recíproca para profundizar la cooperación entre ambos países en materia de asistencia médica en establecimientos de salud pública, sistemas de vigilancia epidemiológica y acciones sanitarias en las zonas fronterizas.
De esa forma, Argentina y Bolivia acordaron emprender negociaciones puntuales con la finalidad de alcanzar la colaboración mutua en la atención sanitaria brindada a los ciudadanos de un país en el territorio del otro, tanto en los niveles provinciales y otros subniveles, sobre la base de la equidad y la reciprocidad.
"Este convenio marco es un primer paso pero muy importante para que esto genere contenidos concretos que vayan en pos de la reciprocidad que estamos buscando todos, Bolivia y Argentina, en la atención de los problemas de salud como son las urgencias y emergencias en cualquier tipo de prestación sanitaria", consideró Rubinstein.
Según el tratado, en su artículo 6, "las Partes emprenderán negociaciones a nivel nacional y/o subnacional en el ámbito de sus respectivas competencias, con la finalidad de garantizar la gratuidad y oportunidad de los tratamientos de las urgencias y emergencias que afecten a nacionales de una Parte que se encuentren en el territorio de la otra Parte independientemente de su estatus migratorio"
El acuerdo entró en vigor desde la fecha de su firma, 19 de julio de 2019, y tiene una duración de cinco años, renovándose automáticamente por periodos sucesivos de igual duración, salvo que una parte lo denuncie mediante notificación escrita a la otra con una anticipación no menor a seis meses.