A través de un comunicado, 509 intendentes del interior del país rechazaron este domingo la “persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa de Vialidad y denunciaron “utilización” del sistema judicial como "un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social".

A través de un escrito, los dirigentes comunales aseguraron que dicha persecución se lleva a cabo mediante “la activa participación de numerosos medios de comunicación”. Según afirmaron, bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, la causa pretende “condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente” a la vicepresidenta. 

También expresaron que este procedimiento implica una “práctica violatoria de los derechos humanos” y apuntaron contra los medios que están involucrados en esta operación contra Cristina Kirchner.

"Los Intendentes del interior del país manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social. La persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente", manifestaron los intendentes en el comunicado.

Los Intendentes del interior del país manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social

La carta concluye agregando que "las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos".

Causa de Vialidad: contexto

Esta muestra de respaldo a Cristina Kirchner aparece en el marco de la causa a cargo del fiscal Diego Luciani en contra la vicepresidenta y otros funcionarios kirchneristas. Según el alegato, Cristina Kirchner utilizó la obra pública de Santa Cruz para obtener beneficios económicos, en vinculación con el empresario Lázaro Báez.

Un supuesto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) con la participación de Lázaro Báez, el empresario y ex socio comercial de los gobiernos kirchneristas, y hoy condenado por otros casos de corrupción y bajo arresto domiciliario.

Se trata del primer juicio contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución.

Otros sectores que se oponen a la "persecución judicial" contra Cristina Kirchner

En estos últimos días también diferentes intelectuales, dirigentes y funcionarios afines al oficialismo advirtieron que el juicio en cuestión "ha batido todos los récords de irregularidades y arbitrariedades".

Distintas personalidades de la política y los derechos humanos se expresaron en esa línea a través de una solicitada titulada "No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner", y que fue publicada hoy en dos matutinos.

En ese texto se advirtió que "la persecución política a la compañera Cristina Fernández de Kirchner transita por estos días por los caminos más escandalosos".

En el documento se señaló que se trata de una "causa absolutamente armada a partir de una denuncia fraudulenta presentada por el exfuncionario del gobierno de la Alianza Cambiemos Javier Iguacel, quien hizo caso omiso del informe interno que él mismo encargó ni bien se hizo cargo de la Dirección Administrativa de Vialidad porque sus resultados no revelaban ninguna irregularidad en la ejecución de las obras viales que se habían adjudicado en la provincia de Santa Cruz en el período anterior".