Por Juan Bernardo Domínguez 
@juanbjd

Meses de marchas y contramarchas. Un fracaso el 6 de febrero pasado en sesión de Diputados al no reunir los votos para avanzar con la votación en particular. Alianzas parlamentarias, reuniones con gobernadores y acuerdos en Casa Rosada. Primero, kilométrico y conocido como Ley Ómnibus, con 664 artículos. Después, recortado producto del rechazo de la oposición en el Congreso y protestas en la calle que incluyeron incidentes. Llamado ahora sólo Ley Bases, con 232 artículos, denominación más cercana a su nombre original.

Ese fue el camino del polémico proyecto oficialista que volvió el jueves al plenario de comisiones en la Cámara baja, donde obtuvo dictamen de mayoría con 61 firmas. Tuvo el aval pleno de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. Y quedó listo para ser debatido en el recinto desde las 11 del lunes próximo. La Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal (IF) acompañaron con disidencias en distintos puntos.

El texto fue aprobado tras acaloradas discusiones de representantes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales.

Los cambios más fuertes sobre el proyecto fueron la eliminación del Banco Nación de la lista de las empresas que se podrán privatizar, el recorte del capítulo de defensa de la competencia y el retiro de los artículos que habilitaban la liquidación de los títulos públicos en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) administrado por la ANSES.

La oposición dialoguista, por su parte, anticipó que impulsará la reincorporación en el recinto del capítulo sobre impuestos al tabaco, que subiría de 70% a 73% la alícuota del gravamen interno. El oficialismo lo había quitado al alegar falta de consenso.

Ley Ómnibus: ¿Qué empresas podrán ser privatizadas?

Uno de los temas que generó mayores conflictos fue el listado de empresas que podrán ser privatizadas, que fue reducido significativamente. Sólo Radio y Televisión SE, Aerolíneas Argentinas, ENARSA e Intercargo podrán ser vendidas por completo.

Podrán ser privatizadas de manera parcial o concesionadas Correo Oficial, AySA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales.

Para Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) podrá organizarse un programa de propiedad participada o incorporar capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

Reforma laboral

El oficialismo aceptó eliminar del capítulo laboral de la Ley Bases los artículos más cuestionados por distintos sectores de la oposición dialoguista, que, a su vez, eran los que mayormente rechazaba la CGT.

De esta manera, quedó en el texto la extensión del período de prueba a 6 meses, la reducción de las multas por trabajo no registrado y la implementación de un fondo de cese laboral en reemplazo de indemnizaciones.

El capítulo previsional

Ante la búsqueda oficialista de la eliminación de la moratoria previsional, que facilita jubilarse a las personas que no cuentan con los 30 años de aporte, el radicalismo accedió a una alternativa: el texto contempla la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, que permitirá cobrar una cifra acorde a la cantidad de años de aporte.

Reforma de la ley de Hidrocarburos

La iniciativa también busca reformar la ley de Hidrocarburos 17.319, con la eliminación de su artículo primero que establece que “los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional”.

Dura crítica opositora: de “mamarracho”, a la organización de una “jornada de lucha” para el lunes

Hubo en total cinco dictámenes: el de mayoría y otros cuatro de minoría. Entre estos últimos, uno de Unión por la Patria (UxP), otro de la Izquierda, un tercero de la Coalición Cívica, y el cuarto de los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, y Margarita Stolbizer.

“La Ley (Bases) prácticamente no se discutió. Para la reforma de la ley de Hidrocarburos, por ejemplo, no se habló más de diez minutos. Quizá hubo reuniones afuera del Congreso en departamentos y en hoteles”, cuestionó este viernes el diputado nacional Pablo Todero de UxP por la provincia de Neuquén.

El legislador aseguró crónica.com.ar haber “votado a ciegas” al acusar al oficialismo de no haber permitido un tiempo prudencial en la discusión de cada capítulo. “Estamos convencidos de que no tiene consenso social, es un mamarracho y nada le mejora la vida a los argentinos”, criticó Todero al referirse al texto que logró dictamen de mayoría.

Respecto al capítulo de reforma laboral, advirtió que es “híper regresivo, sacándole derechos a los trabajadores”. Y agregó: “Un retroceso de más de 40 años”.

El diputado, sobre la reforma de la ley de Hidrocarburos, dijo: “Uno de los cambios es que ‘vuelan’ el artículo primero. De esa manera, al autoabastecimiento lo dejan librado a la maximización de la rentabilidad de las empresas. Eso es peligroso. Vamos a dar el debate desde el lunes; vamos a insistir con su rechazo hasta el último momento”.

A su turno, Myriam Bregman, diputada nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda Unidad, manifestó este medio que su espacio convocó a una “jornada de lucha” para el lunes próximo “desde la mañana”.

“Nosotros impugnamos directamente la inclusión de la reforma laboral, porque no pasó por la comisión laboral”, resaltó la legisladora.

La diputada, además, dijo que “el contenido es antiobrero” y advirtió que el texto “procura bajar el valor de las indemnizaciones en Argentina en forma escandalosa”, al tiempo que alertó que “quita todo tipo de represalia por trabajo no registrado, llevando las multas a cifras insignificantes”.

“Aumenta la flexibilización en el trabajo rural y da la posibilidad de coerción del patrón sobre la trabajadora embarazada para que ésta pueda trabajar hasta diez días antes del parto”, cuestionó.

Afirmó que “vuelve a una versión muy mala que tuvo la Corte Suprema (de Justicia) en los ‘90 de ampliar las tercerizaciones en nuestro país, excluyendo las responsabilidades de las empresas, que se benefician con estas tercerizaciones”.

Por J.B.D.