Legisladora presentó un amparo colectivo contra el DNU por la Ley de Tierras: "Sin necesidad ni urgencia"
Se trata de Magdalena Odarda, del bloque Vamos Con Todos de Río Negro, que presentó una acción contra el artículo 154, del decreto que desregula la economía. La presentación se realizó en conjunto con organizaciones ambientalistas, integrantes de comunidades indígenas, y representantes gremiales.
La legisladora provincial del bloque Vamos Con Todos de Río Negro, Magdalena Odarda, presentó una acción de amparo colectivo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) 70/2023 del gobierno de Javier Milei que desregula la economía, y específicamente contra el artículo 154 que "deroga sin necesidad ni urgencia justificada" la Ley de Tierras.
La presentación se realizó en conjunto con organizaciones ambientalistas, integrantes de comunidades indígenas, representantes gremiales y dirigentes políticos de esa provincia.
“Esta es la primera acción judicial presentada en los tribunales federales de Río Negro, encontrándonos legitimados para exigir la intervención de la Justicia en defensa de la legalidad constitucional", señaló Odarda en un comunicado y ratificó la importancia del escrito "cuando los derechos conculcados se relacionan con la defensa y soberanía nacional, con el respeto al ambiente y con los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
En la acción presentada, solicitaron la declaración de "inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable" del artículo 154 del DNU, así como de toda normativa o acto derivado o dictado en cumplimiento del mismo.
La normativa vigente Ley 26.737 establece como objetivo principal evitar la concentración de tierras nacionales por parte de extranjeros, con fines adicionales como la protección de recursos estratégicos no renovables y la seguridad alimentaria e hídrica del país, indicaron.
En ese sentido, la legisladora reiteró que esta situación afectaría "la soberanía nacional al comprometer la regulación de la titularidad de tierras rurales, considerados recursos estratégicos esenciales para la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural, y la identidad de nuestra nación".
"El DNU de desregulación de la economía, incumple la forma republicana de Gobierno; pretende interferir en legislación protectora de la seguridad de nuestras fronteras; afectar la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales y bienes naturales comunes, así como poner en jaque los derechos de nuestros pueblos originarios sobre sus territorios ancestrales", detalló Ordada.
Además, "carece de fundamentación que acredite 'la necesidad y urgencia' para la derogación de la Ley de Tierras".
En ese contexto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) también presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y un pedido de medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno nacional, por "alterar reglas constitucionales, violar división de poderes y suprimir derechos".
Detalló en un comunicado que se presentó "con una acción en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 del gobierno de Javier Milei, ya que se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales con dificultades económicas".
El Cels remarcó que a través de este DNU el Poder Ejecutivo "decidió alterar las reglas constitucionales de nuestro país, asumiendo facultades que son del Congreso".
En esa línea, el organismo solicitó al Poder Judicial que, mientras tramita la acción presentada, suspenda la aplicación del DNU 70/2023 mediante una cautelar.
