Tras ratificarse el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) que representa a los trabajadores docentes y no docentes de la institución convocaron mediante sus redes sociales a un “paro sin concurrencia” para el jueves 10 de octubre. 

“La UBA está de luto”, dice la publicación del gremio que se dio a conocer luego de la decisión del Poder Legislativo de apoyar al veto presidencial. La votación en el Congreso se dio a favor del oficialismo, con 160 votos afirmativos y 84 negativos.

Los trabajadores de la universidad expresaron: “Gracias a legisladores que desoyeron la voluntad popular, la UBA está de luto".

“En una bochornosa jornada, pusieron en juego el futuro de todo un país”, agregaron en el comunicado.

En ese sentido, expresaron que “el escandaloso resultado en la Cámara de Diputados amenaza destruir la Universidad Pública", por lo que “los trabajadores y trabajadoras” la van"a defender porque es la mejor herramienta de movilidad social contra la desigualdad, porque trasciende barreras sociales y fomenta el pensamiento crítico y la diversidad”.

Y sentenciaron: “No vamos a permitir que la destruyan. Sin salarios dignos NO hay trabajadores universitarios. Sin trabajadores NO hay Universidad. Sin Universidad NO hay futuro. Por eso, el 10 de octubre realizaremos un nuevo PARO sin concurrencia en todas las Universidades del país”.

Por otro lado, la Asociación Gremial Docente de la misma universidad confirmó la misma medida de fuerza para el día de mañana por 24 horas en todo el país, acompañada por todas las federaciones de gremios universitarios: “Esta lucha sigue por el salario y el presupuesto”, ratificaron.

La ley aprobada en ambas cámaras establecía una recomposición retroactiva de los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes en que se sancione, por la inflación acumulada según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Determinaba, además, una actualización mensual por el índice de inflación que publica ese organismo, en caso de que no se llegue a un acuerdo paritario.