Después de haber sido rechazado por amplia mayoría en el Senado, el futuro del Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) 70/2023 quedará definido en la Cámara de Diputados. Hacia allí mira el gobierno de Javier Milei, en busca de defender la validez de una de sus principales normas. Y hacia allí miran, también, otros sectores. Entre ellos, el rubro de los alquileres.

La expectativa del Ejecutivo responde a que un nuevo rechazo al DNU significará un "grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino". Uno de los aspectos negativos mencionados por la Casa Rosada es la posibilidad de volver a la Ley de Alquileres derogada. Este cambio está plasmado en el  DNU firmado por Milei pocos días después de asumir en su cargo y que entró en vigencia el 29 de diciembre.

La iniciativa incluyó la derogación completa de la ley 27.551, sancionada en julio de 2020, junto con las modificaciones introducidas en octubre de 2023 (ley 27.337). Así, los contratos de alquiler volvieron a la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, con algunas modificaciones que significan el acuerdo libre entre las partes para definir el tiempo de duración del contrato, la moneda en que será abonado, el tipo de índice que se tomará para los ajustes, los períodos en que se harán dichos ajustes, el tipo de garantía que se presentará, entre más puntos de común acuerdo entre propietarios e inquilinos.

En diálogo con Crónica, Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, afirmó que el rechazo de gran parte de los senadores al DNU "se vivió como un festejo". A su criterio, las modificaciones implementadas desde la entrada en vigor de esta norma generaron "incertidumbre en quienes están implicados en el sector de los alquileres".

"Nadie sabe cómo firmar el contrato, o qué tipo de contrato proponer. Hay mucha especulación por detrás -continuó Zirulnikoff-. En la ciudad de Buenos Aires, prácticamente toda la oferta está dolarizada; se exige el pago del alquiler en una moneda a la que la población inquilina no tiene acceso".

Distinta fue la reacción del sector inmobiliario tras el debate en el Senado y la posible vuelta de la Ley de Alquileres. En ese sentido, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) manifestó su preocupación "por el impacto sobre el mercado locativo a lo largo de todo el país" y advirtió que "el resultado de retroceder a la normativa anterior a la sanción del DNU sería una abrupta restricción de la oferta que traería como consecuencia un enorme perjuicio para el conjunto de la sociedad".

La entidad presidida por Iván Ginebra destacó que con el DNU 70/2023 se duplicó la oferta de inmuebles y los valores se incrementaron muy por debajo de la inflación. "Este hecho benefició a millones de inquilinos, gracias a la libertad de contratación", señaló la CIA, tras expresar su convencimiento acerca de que el marco legal vigente es el más efectivo "para lograr un mercado de alquileres dinámico y eficiente para todos".

Según pudo averiguar Crónica, el DNU no afecta a los contratos firmados bajo la Ley de Alquileres, tanto la sancionada en 2020, como su modificación en 2023. Si la norma que impulsó el gobierno de La Libertad Avanza es rechazada por ambas cámaras del Congreso y vuelve a estar vigente la ley, lo mismo pasará con los contratos firmados desde el 29 de diciembre bajo al DNU y el Código Civil y Comercial. Es decir, continuarán vigentes.

De cara al debate en Diputados, Zirulnikoff consideró que "la situación es bastante pareja, ya que una parte de los legisladores piensa que el contrato de alquiler es un conflicto entre partes que debería resolverse por sí mismo". En su análisis, el plazo mínimo debería volver a ser de tres años. "La ley había sido modificada hace sólo dos meses cuando el DNU entró en vigencia. Fue un retroceso en los derechos de quienes no pueden acceder a la vivienda propia", concluyó.

Alquileres: cuál fue el último incremento

Los contratos de alquileres firmados bajo la Ley 27.551, que actualizan el precio de manera anual a través del Índice de Contratos de Locación (ICL), sufrieron en marzo pasado un aumento del 164,06%.

Así las cosas, un inquilino o inquilina que hasta ese momento pagaba $200.000 por una vivienda, pasó a abonar $528.120. Si bien si el contrato llegaba a su fin en el tercer mes del año, el propietario pudo solicitar un monto diferente para la renovación del alquiler.