Este jueves, 12 de septiembre, el Senado debatirá la Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta, impulsada por la UCR, tiene como objetivo asegurar un mayor financiamiento para las universidades públicas y mejorar los salarios de docentes y no docentes. Sin embargo, el Gobierno ya adelantó que, de aprobarse, vetará la ley por considerarla una amenaza al déficit cero.

La iniciativa no solo busca garantizar una partida presupuestaria más alta para las universidades, sino también establecer mecanismos para actualizar los gastos de funcionamiento. Además, incluye un ajuste salarial en línea con la inflación para docentes y no docentes.

El proyecto, aprobado previamente en Diputados, introduce nuevos elementos: el fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades, la promoción de la actividad de extensión universitaria y el incremento de los montos de las becas estudiantiles. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidieron la "urgente sanción y promulgación" de la ley.

A pesar de las demandas del sector universitario, el Gobierno ha sido claro: si el Senado aprueba la ley, el presidente Javier Milei ejercerá su poder de veto. “Si atenta contra el equilibrio fiscal o no ponen cómo van a financiarlo, se va a vetar”, aseguraron fuentes oficiales.

Las seis claves del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario

El proyecto de ley aprobado en Diputados se centra en garantizar un financiamiento estable y sostenible para las universidades públicas nacionales. Aquí están los seis puntos principales:

• Aumento del presupuesto universitario: La ley propone incrementar los fondos asignados a las universidades públicas de Argentina, asegurando su financiamiento.
• Distribución fija del presupuesto: Se establece que el 85% del presupuesto deberá destinarse a salarios y el 15% restante a los gastos generales y de funcionamiento.
• Actualización bimestral de gastos: Se propone una fórmula de ajuste bimestral para los gastos de funcionamiento, que combina el índice de precios (50%), la variación del tipo de cambio (25%) y las tarifas de servicios públicos (25%).
• Recomposición salarial para el personal: El proyecto prevé un ajuste salarial para docentes y no docentes acorde a la inflación, complementando las paritarias.
• Ajustes presupuestarios anuales: Se autoriza al Poder Ejecutivo a actualizar el presupuesto de las universidades a partir del 1 de enero de 2024, considerando la inflación de 2023, que fue del 211,4%.
• Modificación de la Ley de Educación Superior: La ley modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, introduciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades, como el número de estudiantes, tipo de carreras, cantidad de egresados y actividades de investigación y extensión.

El posible veto de Javier Milei si el Senado aprueba la ley

Desde el Gobierno, se advirtió que la ley no cuenta con un respaldo presupuestario adecuado y afectaría las metas fiscales. “Si atenta contra el equilibrio fiscal o no ponen cómo van a financiarlo, se va a vetar”, explicaron desde la Casa Rosada.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados el 14 de agosto y ahora la oposición busca su aprobación en el Senado. Si esto ocurre, será la segunda vez que el presidente Milei utilice el veto, como ya lo hizo con la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Por su parte, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores expresaron su preocupación por la falta de apoyo del Gobierno a la educación superior. “En estos primeros ocho meses de gestión, el Gobierno no ha financiado ningún proyecto nuevo ni ha formulado convocatorias que apoyen o fomenten la investigación, lo que ha provocado la virtual paralización de muchas líneas en curso y la renuncia de profesionales con alta formación”, señalaron. Además, advirtieron que esta situación “representa una amenaza directa a la calidad educativa en nuestras universidades”.

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