El Gobierno oficializó este lunes la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPERA), producto de la fuerte crisis financiera que atraviesa la entidad, que pertenece a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Se trata de la segunda prestadora de servicios de salud más importante del país, con cerca de 735 mil afiliados, detrás de la de Empleados de Comercio y delante de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El Poder Ejecutivo delegó en el Ministerio de Salud de la Nación la intervención por el término de 180 días de OSPERA, con la posibilidad de prorrogar el plazo en caso de ser necesario. Lo realizó mediante el decreto 720/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La doctora Virginia Montero será la interventora de la obra social, y tendrá las facultades de administración y ejecución que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud permite al Consejo Directivo.

Detalles de la crisis financiera de la obra social

El Gobierno, en las consideraciones del decreto, argumentó que “quedan evidenciadas las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo”.

Entre 2022 y 2023, los beneficiarios de OSPERA realizaron 16.410 reclamos por falta de entrega de medicamentos, como los oncológicos. Ese número también incluye denuncias por rechazo de cirugías, y la negación de otras prestaciones médicas como acompañamiento terapéutico y asistencia a afiliados con discapacidad.

El titular de la SSS, Gabriel Oriolo, y el gerente general de esa dependencia, Claudio Stivelman, advirtieron que, el 4 de octubre último, la anterior gestión, a cargo de Daniel López, otorgó a la obra social de la UATRE $3.350 millones, unos 9,5 millones de dólares al cambio de esa fecha, en concepto de “ayuda financiera”.