El Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución judicial que suspende el proceso de consulta pública establecido por la Secretaría de Transporte "por no haberse garantizado el adecuado procedimiento de participación ciudadana requerido por ley".

La audiencia pública había comenzado el lunes pasado y debía extenderse por tres días, sin embargo en la última jornada el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, interpuso una cautelar que provocó la interrupción del proceso.

Tras la instancia que incluye participación ciudadana, se iba a definir el nuevo cuadro tarifario de transporte que impulsa el gobierno de Javier Milei y prevé aumentos de 251% para el boleto mínimo de colectivo y 169% para el el pasaje de tren.

El Gobierno argumentó su decisión de recurrir a la Justicia al afirmar que “no se solicitó un Informe previo al fallo”, ya que, ante este escenario “se requiere un informe previo al dictado de una medida cautelar contra el Estado. Y esto no ocurrió”, apuntaron a Télam fuentes del Ministerio de Infraestructura.

En este sentido, señalaron que este punto “está reglamentado en el art. 4° de la ley 26.854, donde dice que solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”.

La audiencia pública había comenzado el lunes 22 de enero y debía continuar el martes 23 y miércoles 24 hasta la medianoche. Pero tres horas antes de la finalización de la audiencia a las 21, el intendente Fernando Gray, interpuso una cautelar que interrumpió el proceso.

Hasta la suspensión, se habían realizado 220 consultas por parte de los ciudadanos y se habían respondido todas, confirmaron desde la cartera de Infraestructura. A su vez, destacaron que “estas audiencias públicas se realizan desde el 2018”, y que “no es una novedad” ya que “se vienen haciendo hace casi seis años”.

“En 2022 (del 26 al 28 de diciembre), cuando se hizo una instancia de participación ciudadana igual a la de ahora (para aumentar tarifas mensualmente por IPC), hubo solamente 28 comentarios y 14 personas que participaron. Mientras que, en la instancia de participación ciudadana de ahora, se realizaron 245 comentarios en total”, agregaron desde el Gobierno.

La Justicia Federal suspendió el miércoles último la convocatoria a la audiencia pública realizada por la Secretaría de Transporte con el fin de tratar los aumentos en el cuadro tarifario de trenes y colectivos, por no haberse garantizado el adecuado procedimiento de participación ciudadana requerido por ley.

El fallo fue dictado por el juez Ernesto Kreplak, a cargo interinamente del juzgado en lo civil, comercial y contencioso administrativo de Lomas de Zamora que admitió el recurso de amparo presentado por el intendente Fernando Gray, que cuestionaba el sistema dispuesto por Gobierno, que consistía en que los ciudadanos dejen comentarios en una página web.

En la resolución, se planteó: “No resulta atinente realizar la consulta pública mediante un sistema al que no todos los usuarios tienen acceso y que, a su vez, contiene fallas tecnológicas, impidiendo el cumplimiento de su finalidad, de modo que los ciudadanos que deseen participar puedan dar su opinión”.

La Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada el viernes 19 de enero, había establecido un plazo de tres días hábiles administrativos para que las personas interesadas presenten sus opiniones y propuestas a través del sitio web del organismo.

"Es insólito que hayan convertido la audiencia pública del aumento de transporte en un formulario web en el que realizás un comentario de hasta 5.000 caracteres y finaliza la participación. De esta manera, anulan cualquier instancia de intercambio y debate, y convierten la audiencia en un posteo de redes. No se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía", expresó Gray en el documento presentado ante la justicia antes de ayer.

El recurso también enfatizaba en la falta de información pública adecuada y la ausencia de tiempo necesario para evaluar el nuevo cuadro tarifario y efectuar un análisis previo pormenorizado de los antecedentes de las tarifas, lo que afecta el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de las usuarias y los usuarios.