El Gobierno nacional amplió la denuncia ante el fuero Penal Económico por el supuesto contrabando agravado de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019, para respaldar el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales.

La ampliación de la denuncia lleva las firmas de Sabina Frederic, ministra de Seguridad; Mercedes Marcó del Pont, Administradora Federal de Ingresos Públicos; y Martin Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos y fue presentada ante el juzgado a cargo de Javier López Biscayart.

El eje de la presentación está puesto en la reconstrucción del camino de las municiones argentinas encontradas en un galpón de la Policía boliviana y en la demostración documental de que se habría alterado el manifiesto de carga del avión Hércules que llevó a los gendarmes en 2019, para ocultar el envío del material anti tumulto.

La presentación judicial incluye las fotografías y la documentación sobre el material hallado en los depósitos de la Policía boliviana: se trata de 26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo béisbol; material producido por Fabricaciones Militares en Argentina.

En la denuncia consta que de acuerdo a los remitos de entrega de Fabricaciones Militares, el lote de municiones AT 12/70 había sido vendido a Gendarmería Nacional. Si las municiones aparecieron en Bolivia "no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia", se indicó.

En la denuncia se señaló además que parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como "guantes", dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido.

La cúpula de Gendarmería, implicada

La ampliación de la denuncia también incorpora la documentación de vuelo de los registros del Ministerio de Defensa, en donde consta únicamente el material que Gendarmería solicitó el 11 de noviembre de 2019, pero no la carga adicional pedida el día 12, es decir, el material contrabandeado: las 70.000 municiones 12/70 AT y las granadas de gas.

Sin embargo, según la documentación, el jefe del Grupo Alacrán de la Gendarmería, Fabián Manuel Salas, envió una nota formal a la Fuerza Aérea haciéndole saber que se añadía a la carga del vuelo los 70.000 cartuchos calibres 12/70 AT, los gases lacrimógenos y las granadas de mano. 

"Esta nota evidencia que el ministro de Defensa tenía cabal conocimiento del traslado de ese material adicional, posteriormente desviado. Y el hecho de que esa información no conste de ningún modo en ninguno de los documentos obrantes en el Ministerio de Defensa demuestra la maniobra de ocultamiento perpetrada por el propio ministro", dice la presentación en referencia al entonces titular de la cartera, Oscar Aguad.

El escrito incorpora un listado de 15 pruebas documentales y solicita cinco medidas de prueba, y resalta que "la gravedad del hecho es mayúscula: las autoridades de control aduanero del Estado Nacional fueron engañadas por la máxima autoridad estatal -el exPresidente de la Nación, Mauricio Macri- y altos funcionarios de su gabinete".

Por esa razón, la Dirección General de Aduanas pidió ser considerada parte querellante en la causa en el expediente por presunto contrabando. El juez López Biscayart habilitó la feria judicial para su tratamiento.