Tal como se había anunciado el último fin de semana, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, confirmó esta mañana que en el mes de noviembre de 2019 "ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros" a Bolivia, lo que de acuerdo con la legislación del vecino país constituye el delito "tráfico ilícito de municiones" y "está penado con 30 años de prisión".

En el marco de una conferencia de prensa que brindó junto con el jefe de Policía boliviana, Jhonny Aguilera, y el embajador argentino en el vecino país, Ariel Basteiro, el funcionario exhibió documentos y municiones halladas en los depósitos de la policía que corresponderían al envío de material represivo por parte gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

Del Castillo precisó que "se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia" que forman parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional.

"El tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hacer hincapié en el tema de la Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando", refirió el ministro de Gobierno, quien a continuación mostró parte del armamento hallado en bodegas.

Del Castillo explicó luego que algunas de estas balas estaban escondidas en bolsas rotuladas como "guantes" y otras estaban en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron. Detalló además que las municiones fueron recibidas “sin ningún tipo de documentación”.

“En el Hércules C130 argentino venia munición y armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los mecanismos solicitados. No obstante, llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas”, afirmó el ministro en la conferencia de prensa.

En ese sentido, el funcionario detalló que el material fue trasladado a las siete de la mañana del 13 de noviembre a la embajada argentina en Bolivia para que una vez allí “personal uniformado de Argentina realizaran la entrega a la policía boliviana”.

“Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles de granadas para la policía boliviana. Gran parte también fue entregada a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacre de Sacaba y Senkata”, completó.

El ministro refirió asimismo que la cantidad de material no autorizado encontrado es diferente a las que el entonces comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, le agradeció en una nota al también entonces embajador argentino Normando Álvarez García.  “Esto nos hace presumir que las Fuerzas Armadas recibieron más material aunque aún no ha sido constatado”, advirtió Del Castillo.

Plan continental para reprimir al pueblo boliviano

Al momento de hacer un análisis político de lo ocurrido en noviembre de 2019, el ministro consideró que “existía un plan continental para reprimir al pueblo boliviano” a través del pedido de apoyo de material bélico a Argentina y Ecuador que podía anticiparse desde el 24 de julio del 2019 cuando el Gobierno del ex presidente estadounidense Donald Trump habló “de un supuesto fraude electoral sin prueba alguna”.

“Esto le demostró a la comunidad internacional y al pueblo boliviano que ya se tenía un manual para un presunto golpe de Estado en nuestro país”, manifestó Del Castillo.

Por otra parte, mostró imágenes de los elementos que ingresaron de manera ilegal encontrados en las bodegas de la policía del país andino y en algunas de las cajas se encontraba el sello de la Gendarmería argentina.

En tanto, en otra fotografía se podía ver cómo, “de manera dolosa y malintencionada, habrían tratado de esconder municiones en una bolsa de cuero” al poner un cartel con la palabra “guantes”.

“El comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de argentina en Bolivia del Gobierno de Macri han vulnerado los artículos 6, 26, 28 y 29 de la ley 400 y los artículos 49 y 50 del reglamento de la misma ley y también el artículo 26 de ese cuerpo normativo”, sintetizó el ministro.

"Había granadas de Estados Unidos"

Por su parte, el embajador argentino Basteiro dijo que “en el lote donde estaba gran parte del arsenal había granadas de gases de Estados Unidos. Lo que no se sabe es si estaban antes o llegaron junto con lo que envió Argentina”.

En diálogo con Radio del Plata, el representante diplomático agregó en ese contexto que "me inclino" a pensar que los gases estadounidenses "ya estaban en el negocio".

Asimismo, calificó como "inexplicable" que Macri haya enviado "municiones argentinas y armas de contrabando de manera ilegal a Bolivia", pero aclaró que no estaba "extrañado" por el accionar del ex presidente.

"Es cierto que me sorprendió cuando encontré la nota y confirmamos que Argentina había enviado armamento en medio del golpe de Estado. Pero si hicieron una triangulación con Estados Unidos, me sorprendería más por lo arriesgado e impune que podría ser una acción como esta”, afirmó.

En este sentido, Basteiro recordó que en Estados Unidos "está preso el ministro de Gobierno de Jeanine Áñez por haber ingresado en una triangulación con Brasil gases lacrimógenos, a través de una compra que era totalmente irregular".

Finalmente, Basteiro llamó a "investigar dos cuestiones": que al momento del golpe "había dos agente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), uno en Santa Cruz y otro en la Paz" y que "había personal de la CIA que no estaba en el país hace años", y definió esta última circunstancia como "algo extraño".

Gendarmes podrían ser citados a declarar en Bolivia

Cabe recordar que el vocero presidencial de Bolivia, Jorge Richter, señaló días atrás que 30 integrantes del Grupo Alacrán de la Gendarmería argentina podrían ser llamados a declarar ante la Justicia sobre la "colaboración" que el gobierno de Macri "prestó" al golpe de Estado contra Morales en 2019. 

"No son temas simples, sus declaraciones en Argentina sacarán muchas cosas más a relucir. Son 30 gendarmes del Grupo Alacrán que deben declarar sobre la colaboración que prestaron al golpe de Estado en Bolivia y el apoyo que se dieron al régimen de facto de Jeanine Áñez", aseveró Richter en declaraciones con la radio bolviana Kawsachun Coca, que publicó el periódico Página Siete.