El gobierno argentino evalúa los pasos a seguir para garantizar la seguridad del personal que presta servicios en la embajada en Caracas, como también de los seis ciudadanos opositores que pidieron refugio en esa sede. La situación se produce luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expulsara a los diplomáticos argentinos y ordenara su salida del país en un lapso de 72 horas. Esto se estaría concretando mañana.

El ultimátum se produjo después de que el gobierno de Javier Milei anunciara que desconoce los resultados de las elecciones realizadas el domingo, en que el oficialismo se proclamó vencedor sin dar mayores datos del conteo de votos. La situación se tensó al pasar las horas y luego de que fuera cortado el suministro eléctrico en la sede de la embajada, lo que fue entendido como una provocación.

Por eso la Cancillería argentina emitió un comunicado de repudio al "hostigamiento de la que es objeto su sede diplomática en Caracas". También advirtió "al gobierno de Venezuela sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección, recordando la obligación del Estado receptor de salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones o daños y preservar la tranquilidad y dignidad de la misma", según se lee en el comunicado.

"La Argentina hace un llamado a la comunidad internacional sobre la importancia de bregar por el cumplimiento de la normativa internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados", remarcaron desde el Palacio San Martín.

La delegación argentina es liderada por Andrés Mangiarotti, encargado de Negocios, y comprende a cinco diplomáticos de carrera y dos agregados. El funcionario ultima detalles por estas horas para organizar el viaje y el cierre de la embajada en ese país.

Los dirigentes opositores asilados (que pidieron refugio antes de que se realizaran las elecciones) son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda. Forman parte de los equipos del candidato opositor Edmundo González Urrutia y de la dirigente María Corina Machado, quienes denunciaron que el gobierno de Nicolás Maduro realizó fraude.

Ante las dificultades logísticas para que esos dirigentes salgan del país junto con los funcionarios expulsados, como lo establece la Convención de Asilo Diplomático, la alternativa que maneja la Cancillería es que sean aceptados por alguna otra embajada que corresponda a un país de buena relación con la Argentina, como podrían ser las de Paraguay o de El Salvador.

El pedido de salida fue formulado mediante una nota dirigida por el gobierno venezolano a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. Allí se justifica la decisión en el desconocimiento (hecho público por Javier Milei) de los resultados electorales del domingo pasado, que declararon ganador a Nicolás Maduro.

El ultimátum es extensivo también para los representantes diplomáticos de Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Sin garantías

En Buenos Aires, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que se negocian garantías para los seis asilados. "De acuerdo a la convención de Caracas (de 1954), cuando se retiren los diplomáticos se van a retirar también los asilados. No hay otra decisión que seguir protegiéndolos. Estamos evaluando cómo se desenvuelven los hechos y cuál es la solución", planteó.

Fuentes diplomáticas revelaron que "todo está siendo evaluado", y que aún "no hay ninguna definición al respecto". Sobre la extensión de un salvoconducto para los asilados, dijeron que "aún no hay garantías para concretarlo en 72 horas".

"Estamos negociando las condiciones de seguridad para poder evacuar a todos de la embajada, pero todavía no hay nada cerrado. Queremos fijar posiciones que sigan los convenios internacionales, pero acaban de cortar el suministro de la embajada", señalaron las fuentes, dando cuenta de que el clima no es el mejor para llevar adelante una negociación.

La posición oficial del gobierno argentino fue adelantada en sus redes sociales por el presidente Javier Milei, quien advirtió que "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".