Diputadas nacionales del Frente de Todos presentaron este jueves un proyecto de resolución en el que solicitan excluir de la Cámara al legislador del PRO Gerardo Milman, por "inhabilidad moral", de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional, a partir de su supuesta vinculación con el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El proyecto, firmado por las diputadas nacionales Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic, afirma que los hechos que se investigan contra Milman en la justicia "sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina" y considera que "su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa".

El último martes, en un acto que encabezó en el partido de Avellaneda, la vicepresidenta Fernández de Kirchner había asegurado que "hay una patente de impunidad para todo aquel que no sea peronista" y apuntó contra Milman, quien quedó involucrado en la investigación de su intento de asesinato y continúa ejerciendo el cargo en la Cámara baja.

"¿Qué pasa cuando nos enteramos por medios de comunicación que el señor -por Millman-, siendo integrante de la comisión de Seguridad, tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad?". se preguntó Cristina, quien añadió que: "Hay una patente de corso e impunidad para todo aquel que no sea peronista. Y para todo aquel que lo sea se le inventan cosas".

A todo esto el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, había adelantado que en el cuerpo se avanzaba en una investigación para determinar si Milman incurrió en alguna "inhabilidad moral".

"Estamos siguiendo cada uno de los elementos nuevos que aparecen alrededor de la conducta de Milman para que eso pueda sustanciar un expediente en Diputados que cuente con el análisis necesario", afirmó Martínez en declaraciones a Radio 10.

Los distintos elementos contra el diputado del PRO

Cabe recordar que Milman se encuentra bajo investigación en la causa que se sigue por el intento de asesinato contra la vicepresidenta a partir de que un testigo asegurara haberlo escuchado decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa", dos días antes del atentado en un bar ubicado a metros del Palacio Legislativo.

Este involucramiento ya le ha costado políticamente al diputado. Por un lado, dejó de estar a cargo de la campaña presidencial de Patricia Bullrich. Su reemplazante, al menos por un tiempo, será el legislador porteño Juan Pablo Arenaza. Por el otro, fue desplazado de la vicepresidencia del bloque del PRO.

Entre otras cuestiones, en el proyecto, las diputadas hacen referencia además a una serie de "inconductas" de su par del PRO. Entre ellas, hacen mención al "involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner".

Asimismo, las legisladoras argumentan el pedido de inhabilidad moral una serie de asesoramientos de Milman en temas de seguridad del diputado, entre ellos hacen mención a que el 1° septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra. Otro caso es el de Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y le habría pagado al diputado más de 600.000 pesos en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”.

También hacen referencia al "uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado" y consideran que esa situación "entra en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley N° 25.188 de Ética Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con su interés particular".

Las diputadas  concluyen su presentación destacando "los sospechosos contratos de alquiler del diputado Milman, por resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional", entre los cuales se encuentran una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz en un club exclusivo por el cual pagó 37.000 dóalres por nueve meses y expensas por 120.000 pesos y una casa en Pinamar por 12.000 dólares por mes.