Este viernes habrá una nueva jornada de la Causa Vialidad, y en la misma cinco de los 13 acusados tendrán oportunidad de hablar por última vez ante el tribunal que los juzga, en la última etapa del debate, previa al veredicto que se conocerá antes de fin de año.

Desde las 9.30, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispuso que puedan decir sus "últimas palabras" el dueño de "Austral Construcciones" Lázaro Báez, los exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional en Santa Cruz, Mauricio Collareda y Raúl Daruich, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.

Esta etapa, previa al veredicto, no es obligatoria para los imputados, quienes sí tendrán que estar presentes en la audiencia virtual, para responder ante la pregunta de los magistrados relativa a si desean o no hablar por última vez. El debate se realiza por videoconferencia, a través de la plataforma Zoom.

El cronograma dispuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini prevé que el martes 29 tengan oportunidad de decir sus palabras finales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz, Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obras Pública José López.

Causa Vialidad: ¿Qué pasará después?

El tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y con base en esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz, Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo, Nelson Periotti.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez, comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena. A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación con el veredicto, está previsto que también puedan dar a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados, en tanto, reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito. "Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas", sostuvo el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, al cerrar su alegato final con un reclamo de absolución en septiembre pasado.

Ese día, la Vicepresidenta también hizo uso de su derecho como abogada a ejercer su propia defensa y habló ante los jueces. "¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado -replicó la expresidenta-. Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos", cuestionó.

Además, sostuvo que la acusación fue una "fábula" montada para llevarla "de los pelos" ante la Justicia, que en la causa "se violó la Constitución nacional" y que los fiscales cometieron "prevaricato".

Pedidos de condena

En un alegato, que se extendió por nueve audiencias y terminó el 22 de agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe. Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.