Caso Baez Sosa: Falta menos para que Fernando pueda descansar en paz
Fernando Báez Sosa. Ya hay fecha de juicio para los ocho rugbiers acusados de matarlo en Villa Gesell
Casi dos años después del salvaje crimen de Fernando Báez Sosa finalmente serán sentados en el banquillo los ocho rugbiers acusados de haber matado al joven estudiante de derecho a la salida de un boliche de Villa Gesell, en el marco de un brutal ataque en patota que no cesó hasta que la víctima "caducó", tal como, con total impunidad y descaro, uno de los imputados avisó vía WhatsApp a sus amigos tras participar del crimen. La Justicia fijó el 2 de enero de 2023 como fecha de inicio para el desarrollo del juicio, que buscará empezar a esclarecer formalmente uno de los casos más resonantes y violentos que se registraron en los últimos tiempos, por el cual "el grupo de los ocho" permanece detenido en el penal de Melchor Romero, de la ciudad de La Plata. El escenario serán los tribunales de Dolores. Serán 22 jornadas en plena feria judicial, declararán 130 testigos y se permitirá la presencia de la prensa.
Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, en el "auto de prueba" que emitió y con el que notificó a las partes la fecha de inicio del juicio oral, entre otras resoluciones. Pese a que tanto los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan como particulares damnificados a los padres de Báez Sosa, como el defensor de los imputados, Hugo Tomei, habían sugerido que el debate se hiciera a razón de dos jornadas por semana, por las actividades que los letrados tienen en otras jurisdicciones, el TOC 1 optó por hacer el juicio en enero de 2023, durante la feria de verano, para que no tengan problemas de agenda.
"Este tribunal no posee en el próximo año y parte del siguiente (2023) disponibilidad en su agenda para llevar adelante un debate con la extensión del presente, al menos sin desmedro de los derechos de otras personas -en su mayoría privadas de la libertad- que esperan la realización del juicio en cada caso", señalaron los jueces en la resolución.
"Asimismo, no compartimos la propuesta tanto de los particulares damnificados como de la defensa, en el sentido de realizar el juicio en dos jornadas semanales, toda vez que ello, en el caso de este tribunal y por lo dicho en el párrafo anterior, implicaría intercalar jornadas de este juicio con las de los demás que deben llevarse a cabo, lo que claramente afecta el principio de continuidad", se agregó más tarde en el texto.
También se aclaró que "a los fines de no demorar este proceso ni alterar los restantes de trámite por ante el Tribunal, encontrándose sólo disponibles los meses de enero (por su afectación al servicio de feria judicial) y de acuerdo a los requerimientos de las partes, consideramos ajustado a las necesidades de todos los intervinientes, atendiendo al principio de celeridad en respeto de las garantías procesales antes esgrimidas: a) fijar para la realización de juicio oral y público, veintidós (22) jornadas, que se llevarán a cabo a partir del lunes 2 de enero de 2023, de lunes a viernes". Las jornadas se desarrollarán en la sala de audiencias multifueros del Palacio de Tribunales de Dolores, ubicado en la calle Belgrano 141 de esa ciudad bonaerense. La cantidad de testigos que declararán será de más de 130 y se fijaron 120 días para la instrucción suplementaria, que son algunas medidas de prueba pendientes y pedidas por las partes a las que accedió el TOC 1 dolorense.
Entre los planteos que los jueces rechazaron, hay un pedido de la defensa de los rugbiers para que sean citados como testigos los fiscales de instrucción Verónica Zamboni y Walter Mércuri y la defensora oficial María Verónica Olindi Huespi, a quienes el abogado Tomei quería interrogar por el modo en que se realizaron las indagatorias, algo que siempre cuestionó y que fue un motivo por el que llegó a pedir la nulidad de la causa.
"Los magistrados propuestos como testigos no han tomado conocimiento de los hechos en calidad de tales, sino -obviamente- por su condición de investigadores o de defensor. El conocimiento que de los hechos posean en consecuencia obedece a sus funciones", explicaron los jueces.