La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a una empresa local por haber sobrefacturado importaciones de insumos industriales provenientes de México y podría ser sancionada con una multa que supera los US$ 4 millones.

Así informó el organismo a través de un comunicado, en el que también indicaron que la firma "presentó documentación falsa o adulterada en 13 importaciones de pastas de soldar, sobrefacturadas en un 100%", procedentes del país norteamericano, lo que infrige los artículos 863 y 865, inciso F, del Código Aduanero.

La importadora argentina le había comprado mercadería a la empresa mexicana en forma directa hasta diciembre del 2020, cuando empezó a triangular la operatoria con intermediarios de Estados Unidos (EEUU) por precios que duplicaban los anteriores. El envío de mercadería, en tanto, siguió realizándose en forma directa desde México hasta la Argentina, detalló la Aduana.

Agentes de la DGA advirtieron el primer indicio de la irregularidad en controles físicos y documentales en los papeles adheridos a los bultos, que resultaron ser las facturas originales emitidas por la empresa mexicana, remitidas y facturadas directamente a la importadora argentina.

El valor que figuraba en las mismas difería sustancialmente del documentado en las declaraciones de importación, a pesar de que las cantidades coincidían.

Previo a la triangulación con las empresas radicadas en Estados Unidos, el precio documentado para las ventas era de entre US$ 72 y US$ 81 por kilo; luego de la intervención de los terceros operadores se infló a un rango de entre US$ 116 y US$ 200 por kilo. El mercado no reflejó ese incremento en operaciones comparables, habiendo operado entre US$ 72 y US$ 93 por kilo.

Las maniobras denunciadas por la Aduana generaron un egreso indebido de divisas en perjuicio de las arcas del Estado, al tiempo que se constataron coincidencias entre las personas que componen las intermediarias radicadas en el país norteamericano.

La multa mínima pretendida por el organismo dirigido por Guillermo Michel es de US$ 4.262.227,98, y podría caber una pena de hasta ocho años de prisión.

La causa es tramitada en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de Mariel Borruto; Secretaría Penal N° 2 a cargo de Diego Spilotti.