Tras el ataque de miles de manifestantes "bolsonaristas" contra los tres poderes del Estado brasileño, el Congreso nacional dio el visto bueno para que las fuerzas federales intervengan Brasilia, además del pedido formal para que se le bloqueen los bienes del ex mandatario, Jair Bolsonaro, señalado por ser el responsable de organizar el ataque.

El decreto, firmado por el actual mandatario brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva, recibió la aprobación del Senado nacional. Vale mencionar que un día antes, la Cámara de Diputados también dio el okey para llevar adelante el pedido de intervenir la capital de Brasil.

Justamente, Rodrigo Pacheco, presidente del Senado nacional, manifestó su disconformidad con los ocho legisladores que votaron en contra de la resolución, considerados partidarios a la línea política de Bolsonaro. "Esa minoría golpista no impondrá su voluntad por medio de la barbarie, de la fuerza y de los actos criminales", contrarrestó el funcionario, señalando como una minoría "antidemocrática" que no representa "los intereses del pueblo".

En ese sentido, el legislador se mostró firme con la decisión de investigar a los responsables del ataque: "Activé las autoridades judiciales y la policía legislativa para identificar e individualizar a los sospechosos de la invasión para que respondieron, en forma de ley, por los delitos cometidos por una minoría rabiosa contra la propiedad, que pertenece a los brasileños".

El mismo Pacheco informó que los detenidos fueron enviados "al complejo penitenciario de Papuda, en el Distrito Federal", y que los manifestantes presentaban "hachas, machetes, garrotes y hondas con bolas de acero utilizadas para atacar a los policías".

Por otra parte, el Ministerio Fiscal solicitó al Tribunal de Cuentas de Brasil la suspensión de los bienes de Bolsonaro, señalado como el mayor artífice de enviar a sus seguidores a invadir los edificios de los tres poderes del Estado brasileño.

En ese marco, también se pidió mantener firme la sanción de apartar por 90 días del cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, y del mismo modo al secretario de Seguridad de su gestión, Anderson Torres, ambos considerados fieles a la idea política de Bolsonaro.

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, entendió que el ataque ocurrido el pasado domingo 8 de enero "solo podía ocurrir con la anuencia y la participación efectiva de la seguridad pública e inteligencia". En ese sentido, el magistrado anunció que serán "castigados" los atacantes que "llevaron a cabo los actos, los que los financiaron, los que los alentaron, por acción o por omisión".