El Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom) informó que, a partir del viernes 1 de enero, entró en vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para servicios de telefonía móvil, fija, Internet y TV por cable.

Esta prestación se determinó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que fijó un servicio mínimo de 150 pesos para la telefonía móvil.

El decreto tuvo como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables.

Podrán optar por adherirse a la PBU las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, así como también sus hijos e hijas de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar; beneficiarios y beneficiarias de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) salarios mínimos vitales y móviles.

El beneficio se extiende a clubes de barrio, asociaciones de bomberos voluntarios y entidades de bien público.

La PBU "persigue el horizonte de la expansión de derechos establecidos por el Gobierno nacional como lineamiento general para asegurar que todos los argentinos y argentinas gocen de las mismas oportunidades", indicó el Enacom.

"Desde el comienzo de su gestión, Enacom estableció que la comunicación es un derecho humano básico, y el acceso a las TIC, un servicio esencial para la construcción de ciudadanía", concluyó el comunicado.

El vicepresidente de Enacom destacó el "derecho a la conectividad"

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom), Gustavo López, destacó hoy la decisión del Gobierno de "incorporar el derecho a la conectividad" con la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 que definió a la telefonía móvil y fija, a internet y la televisión paga como servicios esenciales públicos y en competencia.

"El cambio en la política de comunicaciones tuvo dos hitos en el año 2020: el DNU 690 que incorpora el derecho a la conectividad y los cambios en la entrega de los aportes no retornables (ANR) para la construcción de redes", dijo López.

"El decreto 690 marca un cambio importante en la política porque incorpora el derecho a la conectividad", señaló el funcionario, quien recordó que estos servicios "hasta ahora eran un bien de mercado, cuando en la práctica los mismos gobiernos locales, provinciales y nacional le decían al ciudadano que haga el trámite por internet".

"Son servicios esenciales que sólo regían las reglas del mercado", por eso "es importantísima la decisión política de reconocerlos como servicios esenciales y como servicios público", agregó.

Recordó que el mismo decreto establece la prestación básica universal y obligatoria y que "en diciembre lo que hicimos fue establecer las condiciones" en que se va a prestar la misma, en referencia a la resolución 1467.

"Establecimos una prestación básica para que nadie quede desconectado", enfatizó López, para aclarar que los beneficiarios deben tener como ingresos un máximo de dos salarios mínimo vital y móvil.

Consultado sobre la implementación de la prestación básica, López dijo que operativamente el "circuito puede llevar un par de semanas", pero aclaró que "quienes están en el universo de beneficiados ya pueden pedir a las empresas esa prestación".

"Todas las empresas, grandes, chicas y cooperativas, están trabajando para poder dar la prestación básica", subrayó.

En ese sentido y consultado por la reunión de referentes del cooperativismo con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, indicó que "con las cooperativas y con las pymes mantendremos reuniones durante enero para analizar las asimetrías y ver si en febrero hay que segmentar de una manera diferente".

Un reclamo en el que coinciden cooperativas y pymes es que los precios previstos para la prestación básica, especialmente en internet y televisión paga, no alcanzan a cubrir los costos y en los casos de las más chicas, para dar conexiones de 5 mega necesitan hacer un salto tecnológico en sus redes.

En ese sentido López destacó la resolución 270 del Enacom que modificó el pliego de Bases y Condiciones para la Adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR) y que amplió la participación a localidades de 30.000 habitantes (antes era de 10.000); elevó el anticipo del monto del 20 al 30% y el importe por localidad de 10 a 20 millones de pesos, entre otras medidas.

"El Enacom implementó nueve nuevas líneas de ANR, lo que permitió que en 10 meses de gestión otorgáramos el doble en ANR que el gobierno anterior en 4 años", subrayó.

Esta decisión "marca un cambio cualitativo en la extensión de las redes", junto a las iniciativas para conectar a instituciones públicas (escuelas, centros de salud y seguridad) y asegurar conectividad en barrios populares.

"Estamos en condiciones de otorgar $20.000 millones de pesos en ANR hasta el año 2023", proyectó.

"Esta decisión más el decreto 690 son dos cosas que reflejan el cambio de la política en el organismo en el primer año de gestión; antes era un organismo al servicio de las privatizadas", agregó.

Respecto a la relación con las grandes empresas, López aseguró que "nunca se cortó el diálogo".

El funcionario señaló que para estas compañías "el aumento del 5% -que descongela los precios por fuera de la prestación básica- es insuficiente; pero nosotros les decimos que estamos saliendo de una situación inédita en el planeta".

"Todos tenemos que acompañar lo que ha sucedido que tiene que ver con el poder adquisitivo de la sociedad hasta que se puedan recomponer todos los valores empezando por las posibilidades de la gente; sería contradictorio declararlo servicio esencial y que después no lo puedas pagar", concluyó.