Por Juan Bernardo Domínguez
@juanbjd

Como si al bolsillo del ciudadano promedio no le faltaran dificultades económicas en el marco de una crisis brutal, los entes reguladores de servicios públicos oficializaron el 1 de octubre los nuevos cuadros tarifarios de la luz y el gas que rigen desde este mes para los usuarios de ingresos altos, medios y bajos. 

El Gobierno nacional, de esa forma, aplicó un aumento del 2,7% sobre los precios que implementarán las distribuidoras de energía eléctrica Edenor y Edesur, y de gas natural Metrogas y Naturgy en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida fue comunicada a través del Boletín Oficial por las resoluciones 697 y 698 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), y mediante once disposiciones (de la 601 a la 612) del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Ocurrió luego de que la Secretaría de Energía de la Nación estableciera los nuevos valores del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el ajuste en el Precio Estacional (PEST) de la electricidad.

La advertencia de una asociación de defensa de los consumidores: “Aumentos desproporcionados y confiscatorios”

“El de octubre es el quinto aumento en las tarifas de la luz y el gas desde que asumió la presidencia Javier Milei. El incremento total en promedio, desde que inició su gestión, es del 270%. Los aumentos son desproporcionados y, en alguna medida, confiscatorios”, advirtió este lunes en diálogo con crónica.com.ar el presidente de la asociación civil Arco de Acción Ciudadana, Emanuel Akiki.

En los considerandos de las resoluciones del ENRE, se dispuso que “la tarifa a usuario final deberá ser incrementada en un 2,7%, debiéndose entonces reflejar de ese modo las actualizaciones de los precios PEST y las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica en su incidencia correspondiente para alcanzar tal resultado”.

En tanto, las resoluciones de ENARGAS establecieron en sus considerandos que, “en materia de gas natural, las tarifas de transporte y distribución deberán ser incrementadas en 2,7%; y el precio PIST -mayorista- deberá ser reducido 10,37%”.

Se tratan de considerandos que pueden estar en línea con la búsqueda de un restablecimiento de las cuentas públicas, perforadas desde hace décadas, de lineamientos que atiendan a la macroeconomía. 

Pero no tienen el foco en la microeconomía: en el bolsillo del trabajador al que no le alcanza su ingreso para llegar a fin de mes. 

Y muchos menos en el de los jubilados. Y menos que menos en el de quienes ganan la mínima, que está en $244.320,56. Si se le suma el bono de octubre de $70.000, queda en unos míseros $314.320,56. 

Crónica.com.ar comprobó este lunes esa grave situación en diálogo con adultos mayores a quienes golpea con brutalidad el aumento tarifario de los servicios públicos.

La situación dramática de dos jubiladas

Liliana Carci tiene 71 años y cobra la jubilación mínima. Trabajó muchos años como empleada administrativa y su última década de actividad laboral vivió de su profesión, como psicóloga. Es propietaria junto a su marido de un departamento de tres ambientes situado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Como las boletas de los servicios públicos de octubre aún no fueron enviadas, este medio le preguntó cómo afrontó el pago de los de septiembre último.

“Con desesperación. Mi marido también es jubilado y gana la mínima. No sabemos qué hacer. Si pagamos la luz y gas, no comemos”, dijo acongojada la mujer.

La jubilada ejemplificó: “Sumando la luz, el gas, AySA y ABL, en enero pagábamos $4.925. A septiembre, la suma de todo eso nos dio $44.640,74. Y nosotros porque todavía tenemos casi todo subsidiado. Pero tengo vecinas jubiladas de la mínima que les quitaron el subsidio y en septiembre pagaron de luz más de $100.000”.

La mujer dijo que, por el servicio subsidiado de la energía eléctrica, Edesur le cobró el mes último $9.783, mientras que en enero pagaba $755,82. Se trata de casi un 1.300% de suba. “Puede parecer poco en pesos en comparación con lo que les llegó a las vecinas de más de $100.000. Pero es un impacto muy fuerte en la economía de nuestro hogar”, lamentó Carci.

“Además, abonábamos expensas por $30.000 y, ahora, nos vinieron en $217.000. Las vecinas jubiladas de las boletas de luz de $100.000 no pueden pagar nada: ni el servicio público ni las expensas. Por eso, a nosotros nos aumentan las expensas. La situación es asfixiante”, finalizó.

Por su parte, Nora Biaggio es una docente jubilada de 72 años. La mujer padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), hipertensión arterial y una arritmia cardíaca. Vive en la localidad bonaerense de William Morris, del partido de Hurlingham.

Recibe un haber de $500.000. Los miércoles participa en la protesta de jubilados frente al Anexo del Congreso nacional y toma contacto con sus pares de la mínima.

“Yo pasé de pagar por un bimestre $6.000 a $82.000 por el servicio de Edenor. ¡Es tremendo! Y los miércoles aparecen compañeras de la mínima con boletas de luz de más de $100.000”, contó a crónica.com.ar Biaggio, quien forma parte del Plenario de Trabajadores Jubilados, que integra el frente Jubilados Unidos.

La mujer, además, precisó que el monto del servicio de gas con vencimiento del 15 de este mes que debe pagar a Naturgy es de $41.892,16, mientras que en mayo pasado había abonado $5.313,18.

“En los primeros seis meses de la presidencia de Milei, perdimos el 30% de poder de compra de nuestros haberes. Y ya veníamos perdiendo. En 2017, perdimos el 20% con (Mauricio) Macri y la reforma jubilatoria. Y un porcentaje similar perdimos con Alberto Fernández, porque tuvo ‘congelada’ la movilidad durante un año y daba aumentos por decreto por debajo de lo que correspondía”, se quejó Biaggio. 

Por último, dijo que las organizaciones de jubilados que se reúnen los miércoles frente al Anexo del Congreso nacional reclaman “un aumento de emergencia que lleve la mínima a $950.000”.