Un hospital privado de la Ciudad de Buenos Aires deberá pagar una indemnización de 900 mil pesos a un enfermero al que no contrató por haber dado positivo de VIH en los exámenes preocupacionales.

El caso ocurrió en 2019, cuando un joven que en ese momento tenía 28 años se postuló para un puesto de cajas del turno noche en el Hospital Alemán y pese a que había sido elegido para el puesto, fue rechazado al conocerse el resultado del test, previo a su ingreso laboral.

Al conocer la condición del postulante al trabajo, el centro de salud prefirió desistir de su contratación y tomó al candidato que había quedao detrás de él en el proceso de selección.

Sin embargo, tras ser rechazo, el joven recurrió a la Justicia, que tras varios años, falló a su favor y ordenó que la clinica lo indemnizara con $900 mil por el daño psicológico que sufrió por la situación.

El argumento del fallo

El argumento de la disposición judicial fue que "los elementos colectados en autos permiten tener por acreditados los hechos que verosímilmente dejan concluir que el sr. ha sido desestimado para el cargo laboral al que aspiraba en función del resultado del test positivo de H.I.V.".

Además, remarcaron que la clínica "no ha aportado elementos de convicción que permitan rebatir esa premisa", ya que "ninguna de las probanzas aportadas" dio "cuenta de los motivos para seleccionar a un candidato en detrimento de otro, con aquel resultado de laboratorio en el eje de la controversia".

Asimismo, los camaristas consideraron que a raíz del rechazo laboral el joven sufrió "un cuadro de stress postraumático moderado" por el que tuvo que ser tratado. 

Qué dice la ley

La Ley 27.675 de "Respuesta integral al VIH, Hepatitis, ITS y tuberculosis", que fue promulgada en julio de este año, prohíbe solicitar la prueba de VIH en el examen preocupacional a empresas que busquen contratar empleados, con el fin de evitar este tipo de rechazos.

La norma p. También señala que las ofertas de trabajo "no pueden incluir restricciones por motivo de esas enfermedades".

Sin embargo, en el 2019, cuando sucedió este caso, solo existía la resolución 270/2015 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que brindaba protección para evitar la discriminación.