Argentina es pionera en leyes que buscan combatir y erradicar la explotación sexual y la trata de personas desde hace años. Un 23 de septiembre de 1913, se sancionó la primera ley que prohibió la prostitución infantil, marcando un precedente en todo el mundo.

Desde 1999, la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Bangladesh, estableció este día como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niñas y Niños.

Para solicitar información, asistencia, o denunciar algún caso de trata de personas, podés comunicarte de forma gratuita con la línea 145 de atención telefónica que funciona las 24 horas y los 365 días.

La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niñoses el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, luego de la venta de armas y de drogas. Son numerosas las consecuencias físicas y psicológicas que deja este delito económico, financiado casi en su totalidad por hombres, en las víctimas cada vez más jóvenes, que en su mayoría son mujeres y niñas.

Desde la sanción de la llamada “Ley Palacios” –fue el diputado socialista Alfredo Palacios quien la redactó e impulsó-, nuestro país presentó pocos pero importantes avances en materia de restitución de derechos para las víctimas de este flagelo.

En 2011, por iniciativa de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se retiraron de los diarios y revistas los anuncios de oferta sexual. Luego, un año más tarde, llega la modificación de la ley 26.364 (a través de la ley 26.842) de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, con penas a quienes promuevan o faciliten la prostitución de una persona y nuevas garantías para las sobrevivientes.

Pese a que la Ley de Trata debería garantizar una serie de derechos de asistencia y acompañamiento a las mujeres y niñas explotadas sexualmente que fueron rescatadas, lo cierto es que las víctimas afirman que esto no se cumple en nuestro país.

Alika Kinán Sánchez es la primera víctima y sobreviviente que logró enjuiciar a sus proxenetas y reclamar una reparación moral y económica al Estado. Captada por las redes de trata a los 19 años desde Córdoba, su provincia natal, fue explotada por casi dos décadas en un cabaret que se encontraba en Ushuahia, Tierra del Fuego. En octubre de 2012, fue rescatada junto a otras seis mujeres. Actualmente se desempeña como directora del Programa de Estudios, Formación e Investigación sobre Trata de Personas en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), es activista abolicionista y referente feminista.  

 “Tenemos una política criminal persecutoria en nuestro país respecto a tratantes y proxenetas, pero no tenemos una política de reconocimiento de las víctimas y restitución de derechos de las víctimas”, apuntó Kinán a crónica.com.ar.

Pedro Montoya, dueño del prostibulo "El Sheik" de Ushuaia, su pareja Ivana García, y Lucy Alberca Campos, la encargada del local, fueron condenados a prisión en un juicio histórico en el que la sobreviviente de trata Alika Kinán fue querellante. 

En 2019, siete años después de la modificación de la ley de Trata, se creó el Fondo Fiduciario Público de Asistencia directa a víctimas de trata, administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. “Todos los bienes utilizados y producidos por la trata de personas quedarán embargados y decomisados bajo la ley de Fondo Fiduciario para la asistencia y la contención de las víctimas”, repasa de memoria la dirigente de la Fundación que lleva su nombre. “No se está brindando si no depende de la voluntad política de cada gestión. Con lo cual, es absolutamente sospechoso cuál es el destino de esos fondos”, determinó.

En el marco de esta fecha internacional, el Comité por el Programa Nacional de Rescate informó que desde el 1 de enero y el 31 de agosto del 2021, fueron rescatadas y asistidas mil víctimas de este delito en al menos 20 provincias. De la totalidad, un 68 por ciento corresponde a explotación laboral, mientras que el otro 21 por ciento era para esclavización sexual.

No obstante, Kinán remarcó un error en el registro nacional de víctimas rescatadas para resaltar la idea de un Estado que ha fallado a la hora de garantizar los derechos constitucionales frente este gran delito.

Desde que se liberó de las redes de trata, Alika Kinán se convirtó en directora del Programa de Estudios, Investigación y Formación sobre Trata y Explotación de Personas (PEFITE) de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Y es que si bien el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata destacó que desde la sanción de la Ley 26.364, en el 2008, hasta el 31 de agosto de este año, hubo 16.863 víctimas asistidas por el Ministerio de Justicia, la activista opinó distinto: “Tenemos con causas judicializadas no más de 800 víctimas. ¿Qué significa eso? A la Fundación (Alika Kinán) nos llegó una mujer que había sido rescatada 7 veces. De lo que estamos hablando es de un claro fracaso del Estado. El fracaso es la falta de asistencia, de contención y de acompañamiento que se da a las víctimas”.

Creo que la prostitución es el genocidio de las mujeres. Es el máximo genocidio de las mujeres. No solamente nos matan estando en situación de prostitución, siendo víctimas de trata, explotación sexual. Las que sobreviven, ¿en qué condiciones lo hacen. 

En 2017, Alika fue honorificada con el Premio Héroe contra la Trata de Personas para la argentina, Héroes contra la esclavitud moderna, otorgado en Washington, Estados Unidos, partamento de los Estados Unidos, durante el Encuentro Internacional contra la Trata de Personas.

Por otra parte, además de cuestionar el cumplimiento de las políticas públicas abolicionistas de nuestro país, la referente feminista criticó el diálogo permanente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, el cual fue creado a partir de la gestión del actual gobierno, con organismos sociales y políticos con una marcada postura regulacionista de la prostición.

Para la directora de la Fundación Alika Kinán que el Estado ponga "en duda" el consentimiento de las víctimas es un grave error y una salida fácil al problema del trata y la explotación sexual de personas. “Debemos dejar de cuestionar si las mujeres lo hacen porque quieren o porque son víctimas, y darnos cuenta que si claramente un país donde tenemos una creciente pobreza las mujeres terminan prostituidas, es por la sencilla razón de que tienen que poner un plato de comida caliente en la mesa, comprar pañales, pagar el alquiler, los servicios”, insistió.

Elizabeth Gómez Alcorta ha hecho un gran trabajo a la hora de plantear derechos para las trabajadoras sexuales, a costa de la invisibilización de las problemáticas de las víctimas de trata, que somos dejadas en mano de la desidia estatal.

Por último, resaltó que la prostición y la trata con fines de explotación sexual es un "genocidio invisible" al que solo se le pondrá fin cuando "los varones dejen de pagar por sexo". Y cerró: "¿Y quiénes están generando los cambios culturales? Las pocas sobrevivientes que tenemos la fuerza, las ganas, la iniciativa, las herramientas para poder trabajar en la visibilización de la problemática. ¿Trabajan los Estados en visibilizar al varón como claro problema de la prostitución? El problema de la prostitución no somos las víctimas ni las prostituidas”.