Un fallo que marca otro fallo de la Justicia. En este caso, el Juzgado Federal de Campana autorizó la nueva puesta en marcha de la Termoeléctrica Araucaria, dejando a un lado las sucesivas denuncias por impacto ambiental. Una determinación habilita a esa compañía a funcionar hasta junio a modo de "prueba". Lo curioso del caso radica en los efectos contaminantes que ya generó la restauración de la planta.

El 21 de diciembre de 2017, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados (OAA) respiraba con cierto alivio tras la decisión del juez Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, que prohibió las obras y operaciones en la central termoeléctrica Matheu III, de la empresa Araucaria Energy SRL.

En aquel dictamen, González Charvay determinaba el cese de actividades en ese establecimiento por los efectos nocivos en la salud de los habitantes de Pilar y Escobar, donde se asienta, y los graves daños en el agua potable.

A pesar de estos antecedentes, el mismo juez dio marcha atrás y dispuso que la termoeléctrica reanude sus tareas hasta junio próximo, en calidad de "prueba". Justamente este experimento profundizó el malestar de los ambientalistas, puesto que no están especificados, ni son precisos, los lineamientos y requisitos a los que debe responder Araucaria.

Por si fuera poco, en tan pocas semanas de la habilitación de la central se advirtieron los perjuicios que causa en términos ambientales. Al respecto, Erica Hahn, intrigante de la OAA, detalló que "una de las cosas que tenían que haber hecho era insonorizar para evitar los ruidos molestos, y no lo hicieron". Asimismo, Pablo Varela, biólogo y también miembro de la mencionada ONG, reveló a que "la cantidad de agua que se emplea para refrigerar e inyectar a vapor las turbinas es bastante alta".

Por eso, Varela consideró que semejante uso de un recurso tan esencial "resulta muy grave y preocupante con el contexto de emergencia hídrica".

La puesta en funcionamiento de Araucaria, luego de su impedimento en 2017, se fundamenta, según Hahn, en "la misma excusa de siempre, referida a la emergencia energética". Y tiene lugar con "los certificados vencidos en cuanto a las autorizaciones ambientales", remarcó Varela.

Los ambientalistas, por otro lado, analizan las instancias y herramientas judiciales a emplear con el afán de regularizar el desarrollo nocivo de la termoeléctrica.