El Gobierno dispuso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2023 de la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por la ley 27.541, debido a las consecuencias de la pandemia de Covid-19. La medida entró en vigencia el 12 de marzo de 2020 y vencía en estos días.

El DNU 863/2022, publicado este viernes en el Boletín Oficial, faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria y, en sus considerandos, argumenta que todavía hay necesidades de atención especial por la pandemia de coronavirus y sus impactos incluso en el ámbito de la salud mental.

Según explicó la cartera que conduce Carla Vizzotti en un comunicado de prensa, la emergencia sanitaria tiene como objetivo “sumar el aporte de profesionales y técnicos de todas las disciplinas en los distintos subsistemas de salud para fortalecer, dar robustez, y poder brindar la atención esencial y necesaria a la población”.

La emergencia sanitaria permite establecer un régimen de matriculación y/o certificación de especialidad provisoria para quienes no cuenten con el trámite de su titulación finalizado o certificación de pregrado, grado o posgrado en ciencias de la salud, previa intervención del Ministerio de Educación.

También se puede contratar a personal de salud jubilado o retirado, y autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos y técnicas de salud, titulados y tituladas en el extranjero cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina.

Asimismo, la emergencia sanitaria permite a la cartera de Salud autorizar la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aun sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas. Además, se autoriza la reasignación de partidas presupuestarias, por parte de la Jefatura de Gabinete, para la implementación de las medidas que fueran necesarias bajo esta emergencia.

El fuerte impacto de la pandemia en la población

“El impacto de la pandemia por COVID-19 en el sistema sanitario ha generado una demanda acumulada de seguimiento, tratamientos, pruebas diagnósticas y atención especializada que debe ser adecuadamente atendida en todo el país”, recordó la cartera sanitaria.

En ese sentido, se remarcó que “durante los dos años de pandemia se registraron demoras e interrupciones en la continuidad de la atención en salud en todos los niveles a nivel mundial” y se precisó que en Argentina “bajó casi el 50% la atención de pacientes ambulatorios y alrededor del 60% cancelaron sus prácticas médicas y diagnósticas”. 

“A eso hay que sumar la tasa de abandono de los tratamientos de personas con diabetes, que se redujo en un porcentaje cercano al 35%”, agregó el comunicado.

El Ministerio de Salud remarcó que el impacto también se sintió en la salud mental de la población, con el aumento de cuadros de ansiedad, afectación del estado del ánimo, incremento de problemáticas complejas como el suicidio y el consumo problemático de tabaco, alcohol, y otras sustancias psicoactivas y el mal uso y abuso de las tecnologías.

“Las consecuencias que produjo la pandemia obligan a adoptar medidas rápidas, eficaces y urgentes; además de continuar desarrollando una estrategia sanitaria consensuada para profundizar la integración de los subsistemas de salud con foco en la equidad, la eliminación de barreras en el acceso y el aumento de la calidad en los servicios de salud”, subrayó.