"Si no tenemos el récord, pega en el palo", reconocen desde ATE Corrientes, respecto del atraso salarial cada vez más crítico. Por si fuera poco, a ello se le suman las condiciones laborales, que se hunden en la precarización. Sin embargo, el Gobierno provincial, a cargo de Gustavo Valdés, no reflejó intención de iniciar una negociación económica ni atendido otras preocupaciones laborales.

El secretario general de ese gremio, Chano Romero, reconoció que "a medida que el tiempo transcurre, la situación se agrava", en referencia a los diversos requerimientos de los trabajadores provinciales. El más urgente de ellos radica en una recomposición salarial, dado que, según Romero, los sueldos básicos resultan plenamente desactualizados en comparación con la escala inflacionaria.

Al respecto, el referente gremial detalló que "una enfermera cobra entre 60.000 a 70.000 pesos, trabajando en horarios nocturnos, sábados, domingos y feriados". Por su parte, "un trabajador promedio, con 25 años de servicio, percibe un sueldo que apenas supera los 70.000 pesos", añadió. Además, los empleados reciben ese módico monto salarial en tres cuotas. La primera la cobran entre los días 26 y 31 de cada mes, la segunda a los 10 días posteriores, y un plus que se acredita el día 20.

Otro factor que es motivo de reclamo y alerta de los trabajadores reside en las condiciones en las que se desempeñan, las cuales se alejan cada vez más de ser las óptimas. En este sentido, Romero remarcó que "alrededor del 40% del personal trabaja bajo la precariedad laboral. Lo más notorio es en Desarrollo Social, donde el 82 % está precarizado. Lo mismo pasa en el hospital público".

Justamente en Desarrollo Social, los trabajadores afectados a los diferentes programas de viviendas señalaron que fueron apartados de sus funciones y reemplazados por una empresa constructora en la edificación de los inmuebles. En referencia a ello, Juan Arnedo, delegado del sector de Promoción y Desarrollo, reveló que "el consorcio vecinal que se encargaba de hacer las viviendas, empleaba 4.000.000 de pesos en la construcción de una casa de dos ambientes, y ahora el costo es mucho mayor a cargo de una empresa privada. Además, pone en riesgo la fuente de trabajo de los propios trabajadores de la vivienda".

En este contexto, desde ATE Corrientes consideran que "el gobernador Valdés hoy administra la miseria", la cual "en el interior, es mucho más cruda y más sometida, porque el trabajo es escaso, y entonces hay compañeros que trabajan por 35.000 pesos". Por esta razón, los representantes gremiales exigen una mesa de negociación, pero hasta el momento no han percibido ninguna intención gubernamental en atender sus demandas.

Por M.R.