El Intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el resto del Poder Ejecutivo local, fueron denunciados judicialmente por “aumento ilegal” de las tasas municipales, según informaron miembros del Concejo Deliberante. Los concejales denunciaron en la justicia que la gestión municipal incumplió con el acuerdo establecido con el Legislativo de incrementar estos impuestos con base al índice inflacionario y sostienen que esa suba es muy superior a la inflación. Al mismo tiempo, se conoció en las últimas horas una contratación millonaria de un sistema de encuestas, acentuando el malestar de los vecinos.

A pocos días de culminar el año 2023, el Concejo Deliberante aprobó la suba de las tasas municipales, tal como lo había propuesto la gestión ejecutiva del Intendente Ramón Lanús. No obstante, el incremento se ajustaría al porcentaje inflacionario. Sin embargo, el Concejal Walter Pérez señaló, a Crónica, que “el Municipio estableció un aumento para el período de enero y febrero del 45 %, cuando la Inflación total de ese lapso llegó al 36,6 %”. A su vez, Pérez detalló que “el 23 de mayo sacan un decreto, en el que añaden una tasa mayor a la de entonces, en concepto de cementerio, publicidad, registro de conducir, derecho de oficina, de un 25 %, un 15 % arriba de lo establecido por el Indec”. En referencia a dichos compromisos impositivos que se les establecen a los habitantes del distrito, el también integrante de la Asociación Vecinal de San Isidro reveló que “esas tasas las cobraron sin decreto el 1 de mayo, lo cual viola el derecho a la propiedad. Hubo un abuso de autoridad”.

En consecuencia, Pérez encabezó una denuncia contra la administración municipal radicada no solo en el Concejo Deliberante, sino también en el Tribunal de Cuentas y la Justicia Ordinaria de la Provincia de Buenos Aires. El motivo de convocar a diferentes organismos con el fin que analicen el mencionado incremento de las tasas, radica en considerarlo ilegal. Una impresión que no solo pertenece a legisladores opositores, sino también a los propios vecinos. En este sentido, Patricia Alfano expresó, ante este medio, que “el aumento de las tasas de casi el 200 % es ilegal, y además nos cobraron unos impuestos que no corresponde, que es un retroactivo de un 25 %. Es imposible pagar tasas tan altas, porque pasamos de los 10.000 pesos a los 30.000, pesos de un mes a otro. Tengo miedo de perder mi casa”. 

Por su parte, Rosana Navarro reflejó su experiencia personal, a este diario, ante dicha suba, reconociend. que “la última boleta fue de 27.000 pesos aproximadamente. El valor depende de cada zona, yo soy de Boulogne. Pero estamos hablando de un aumento mayor al 150%”. Asimismo, también reveló sus impresiones respecto a los nuevos valores impositivos, manifestando que “si me preguntan, si es correcto lo que cobran respecto al servicio que brindan, mi respuesta definitivamente es no, porque la limpieza desde diciembre no existe, es nula. Hablando de seguridad, actualmente no se ven los móviles comunitarios en el centro de Boulogne los móviles, y si se ve alguno, van dos inspectores o uno solo manejando. Cuando en realidad debería ir un inspector y un policía. El sistema para sacar turno en cualquier hospital municipal está caído”. En relación a ello, Alfano añadió que “cada día tenemos un San Isidro cada vez más sucio, más inseguro, sin insumos en los hospitales, sin policía municipal en las calles, sin luminaria que funcione. Los vecinos nos sentimos abandonados por esta gestión de turno, no hay empatía con nosotros”. 

En correspondencia con la expresión de su vecina, Navarro dejo en claro que “de todo le echan culpa a la gestión anterior. La realidad es que a esta altura, tanto mis hijos como yo, asistíamos a los campos de deportes para realizar distintas actividades, entre ellas natación. Este año. tuve que sacar a mis hijos de la colonia y posteriormente de fútbol, por la cantidad de mosquitos que había, nunca fumigaron. Además, aún ni siquiera abrieron las inscripciones a la pileta”. 

En este contexto de decepción vecinal por el aumento de las tasas municipales, en las últimas horas trascendió el llamado a contratación de un sistema de encuestas por un valor de 140 millones de pesos. El concejal Walter Pérez fue quien reveló esta cuestión, que también está registrada en el sitio web municipal, en la sección “Licitaciones Públicas”. Sin embargo, le llamó la atención a Pérez que “hicieron un llamado a contratación por un sistema de encuestas de opinión pública sin los recaudos que marca la ley orgánica municipal, como por ejemplo con 30 días de anticipación, amparandose en los tiempos de emergencia del Covid”. Justamente, el Decreto 2024-655 plantea que “la Subsecretaría de Comunicación y Estrategia inicia el pedido de suministro N° 3-240-477/2024, para la contratación de 'Servicios de Estudios de la Opinión Pública'”. En el mismo se reconoce que la contratación se realiza “considerando que la Provincia de Buenos Aires ha sancionado la ley 14.812 que declara la emergencia en materia de hábitat, vivienda, infraestructura y servicios públicos”. Al respecto, el mencionado edil enfatizó que “140 millones de pesos es un gasto superfluo, amparándose en una legislación de emergencia por Covid. Estamos gastando plata para algo que le corresponde hacer a los funcionarios: Saber lo que necesita el vecino, y eso se logra hablando con ellos. Pero esto tiene un fin político. Es un gasto no municipal, porque no tiene nada que ver con el bienestar de la Comunidad de San Isidro”.

Por esta razón que destaca el referente de la Asociación Vecinal local, también presentarán una denuncia ante el Tribunal de Faltas provincial por la mencionada contratación, como ya lo hicieron por el aumento de las tasas, que fue percibida como ilegal por legisladores y habitantes.