Gonzalo Mórtola, el Interventor de la Administración General de Puertos durante la gestión de Mauricio Macri, fue procesado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que lo acusa de haber contratado una consultora por un monto cercano al millón de dólares sin fundamentos. 

Conocido en el sector por ser un funcionario sin conocimiento portuario que sumó escándalos en su paso por la administración pública, Mórtola no pudo justificar por qué gastó un millón de dólares en la contratación de una consultora para hacer un trabajo que podía hacer la propia AGP y debería haberse contratado por Licitación Pública.

La acusación es por incumplimiento de deberes de funcionario público, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero podría ampliarse a "Fraude al Estado" —con penas de hasta seis años de prisión efectiva—.

Gonzalo Mórtola fue procesado por la Justicia por haber pruebas suficientes que confirman el pago de más de 940 mil dólares (más impuestos) a la empresa INDRA, que fue contratada de manera ilegal para realizar una consultoría sobre pliegos para una futura licitación del Puerto.

Con un fallo durísimo, el magistrado consideró que el ex funcionario de Guillermo Dietrich “simuló circunstancias en el expediente, que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, es decir, que disfrazó de legal algo que sabía que no lo era". Por si no quedara claro, agregó: “Todo demuestra que el accionar delictivo que aquí se le endilga, fue llevado a cabo por el nombrado con la voluntad y el conocimiento de la ilicitud de la conducta”.

A pesar de contar con personal idóneo en la misma Administración General de Puertos, Mórtola optó por contratar a una consultora para realizar los pliegos de licitación para las terminales del Puerto Buenos Aires. Para ese fin destinó más de un millón de dólares en una polémica e injustificable contratación directa.