Primeros reclamos judiciales contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria
Dos jubilados, patrocinados por Andrés Gil Domínguez y Eugenio Semino, impulsan la acción que busca declarar inconstitucional el decreto. En caso de ser necesario, afirmaron que llegarán hasta la Corte Suprema.
Dos jubilados iniciaron una acción judicial para solicitar la inconstitucionalidad del decreto presidencial que vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Los demandantes, identificados como R.R. y M.L.G., son representados por los abogados Andrés Gil Domínguez y Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, quienes destacaron la “gravedad institucional” del caso y adelantaron que, si es necesario, llevarán el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida busca anular el Decreto 782/24, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, vetó la Ley 27.756, que introducía modificaciones al régimen previsional, consideradas beneficiosas para los jubilados.
La presentación judicial subraya la importancia de restablecer la norma, argumentando que el veto vulnera derechos adquiridos por los beneficiarios del sistema previsional.
El Gobierno celebró la ratificación del veto en Diputados
Por su parte, el Gobierno celebró la ratificación del veto en la Cámara de Diputados, donde se confirmó la decisión presidencial. En un comunicado difundido, la administración expresó su satisfacción con el resultado de la votación, señalando que "la labor patriótica de los 87 diputados nacionales impidió que un grupo de irresponsables adoptara medidas populistas que habrían quebrado las arcas públicas". Además, advirtieron: "Si es necesario, les vamos a vetar todo".
En la cuenta oficial de X, la Oficina del Presidente defendió el veto como una acción crucial para evitar el descalabro económico. "La Honorable Cámara de Diputados debatió y votó el primer veto presidencial de Javier Milei, cuyo objetivo era evitar la destrucción del superávit fiscal, un compromiso que tanto esfuerzo le ha costado a los argentinos alcanzar y que otros gobiernos no lograron durante su mandato", afirmaron.
pic.twitter.com/31h6KUwvpe— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 11, 2024
El comunicado también apuntó que las modificaciones a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que pretendían ser aprobadas, eran una "medida populista que significaba pan para hoy y hambre para mañana". Además, resaltaron que un déficit fiscal perpetuo "lleva al colapso de una nación", explicando que si el gasto supera la recaudación, las opciones se reducen a aumentar los impuestos, emitir dinero –lo que genera inflación– o tomar deuda que también termina por afectar a las futuras generaciones.
El documento oficial concluyó con una reflexión sobre la inflación, destacando que "es un impuesto no legislado que afecta diez veces más a los pobres y ha sido la principal causa de la pulverización de los ingresos de los jubilados".
La sesión en Diputados que confirmó el veto se llevó a cabo en un contexto de alta tensión dentro y fuera del recinto. Mientras se debatía la medida, las inmediaciones del Congreso fueron escenario de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos.