En plena etapa de incertidumbre electoral, con una situación fiscal adversa, casi sin reservas en dólares y en medio de una crujiente relación con el Fondo Monetario Internacional, Sergio Massa planea una audaz jugada para conseguir el anhelado déficit cero de las cuentas públicas en 2024

Se trata de un objetivo muy ambicioso. Hasta ahora, en lo que va del año, el déficit primario (no incluye los intereses de la deuda) suma 2,3 billones de pesos. Todo indica que será muy difícil que se cumpla el límite pactado con el FMI, de 3 billones de pesos (o 1,9% del PBI) para todo 2023.

Asi y todo, la idea de Sergio Massa es incluir en el presupuesto del año que viene un anexo con todos los gastos tributarios en que incurre el Estado. Bajo ese concepto se incluyen aquellos ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo diferenciado para ciertas actividades o regiones geográficas, con el objeto de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas ramas productivas, zonas, contribuyentes o consumos.

Entre otros beneficios, allí se incluyen las exenciones en el Impuesto a las Ganancias para asociaciones civiles sin fines de lucro y para trabajadores de zonas desfavorecidas; la exención del IVA para alimentos de la canasta básica, servicios médicos y educativos; las reducciones a las contribuciones patronales en determinadas actividades; y los regímenes de promoción industrial (entre otros el que beneficia a Tierra del Fuego) y a otros sectores productivos. La lista es extensa.

Lo que planea el Gobierno es pedirles a los legisladores que examinen cuáles de esas concesiones están dispuestos a dar de baja. De allí podrían salir los recursos para equilibrar los ingresos y los gastos para el año que viene. Economía tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para presentar el proyecto de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

Las cuentas del Palacio de Hacienda señalan que, si se eliminaran todos los gastos tributarios, en 2024 no sólo se lograría el déficit cero sino que habría superávit fiscal. La jugada no es nueva. En el Presupuesto 2023 ya se había incluido una separata con todos esos rubros.

 “La presente separata tiene por objeto poner de manifiesto los beneficios impositivos que sectores específicos de la sociedad reciben a expensas de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Usualmente, los beneficiarios de estos incentivos promocionales son grupos empresarios y grandes firmas. El peso relativo de estos beneficios, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional. En efecto, en un reciente comunicado de prensa, dicha institución ha recomendado la evaluación de la efectividad de los mismos”, expresaba Sergio Massa en su mensaje de remisión del proyecto de Presupuesto al Congreso, en septiembre del año pasado. 

En los cálculos para el actual ejercicio, los gastos tributarios sumaban 3,7 billones de pesos. Sin embargo, los mismos quedaron expuestos sólo a título ilustrativo y su vigencia se mantuvo. Inflación mediante, esa suma podría ser mucho mayor el año que viene. 

Presupuesto 2024: Gabriel Rubinstein espera un "superávit fiscal robusto"

En una charla organizada por la Universidad Torcuato Di Tella, el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, anticipó que espera lograr un “superávit fiscal robusto” para el año que viene y que se podría contar con “unos 45 mil millones de dólares más”. En ese monto se incluye no sólo la reducción de gastos tributarios, sino los mayores recursos provenientes de la exportación de cereales (afectada gravemente por la sequía en los últimos meses) y la producción creciente de gas y petróleo en Vaca Muerta.

La jugada, sin embargo, tiene un perfil más político que técnico, ya que sería un arma contundente para acallar las críticas del Fondo Monetario Internacional, que viene presionando por medidas muy severas (entre las que mencionó explícitamente el aumento de tarifas y la reducción de salarios públicos y jubilaciones) para reducir el déficit fiscal. El organismo quiere que las cuentas públicas lleguen al equilibrio en 2025. Massa redobla la apuesta y avisa que puede conseguirlo un año antes.

Tiene, además, un efecto muy fuerte en la política doméstica. Lo que busca el gobierno es que el conjunto de todos los partidos políticos se haga cargo de llegar al ajuste que pide el FMI y que muchos de ellos, como Juntos por el Cambio y los libertarios, también declaman en sus plataformas electorales. En el oficialismo quiere saber si todos esos sectores mantendrán su dureza discursiva o si preferirán mantener sus alianzas con el establishment a la hora de quitarles prerrogativas a los jueces que no pagan Ganancias, a las grandes firmas que tienen créditos fiscales y a las empresas mineras que cuentan con regímenes de promoción.