En paralelo a lo que es el tratamiento de la Ley de Alquileres, un plenario de las comisiones de Legislación General y de Turismo del Senado comenzará a analizar este jueves un proyecto impulsado por Ana María Ianni, legisladora del Frente de Todos, que busca regular los contratos de alquiler temporario de vivienda para uso turístico.

La iniciativa que será debatida propone regular y desdolarizar a plataformas como Airbnb, que están fuera del marco normativo del Estado, e incluso postula sanciones por incumplimientos. Se trata de un proyecto muy similar al que fue presentado recientemente por la también kirchnerista Paula Penacca en la Cámara de Diputados.

Según el texto de regulación, para que la locación de un inmueble se considere de alquiler temporario debe rentarse entre 1 y 90 días. La iniciativa alcanza a “los propietarios o administradores que cuenten con poder o autorización correspondiente para comercializar inmuebles de forma temporaria, los huéspedes y toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler temporario para uso turístico”.

Además, se propone la creación del Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario, en el ámbito del Ministerio de Turismo. Y se establece que “las plataformas digitales que ofrezcan, intermedien, o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos deberán habilitar un campo en la plataforma digital para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad; y proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al propietario o administrador de la unidad en alquiler”.

Ley de Alquileres: cómo sigue el tratamiento en el Senado

La reforma a la Ley de Alquileres, con media sanción de la Cámara de Diputados y que esta semana comenzó a ser debatida en un plenario de Comisiones del Senado, continuará siendo discutido durante los próximos días a pedido del interbloque oficialista del Frente de Todos, en contra de la opinión de Juntos por el Cambio que pretendía firmar el dictamen en esta misma jornada.

El debate se prolongó este miércoles por más de una hora entre ambas bancadas en un salón de reuniones que estaba atestado y al que habían asistido también representantes del sector inmobiliario que, unas horas antes, mantuvieron una audiencia con los integrantes del bloque de la oposición.

La intención del oficialismo se impuso gracias a la mayoría absoluta que mantiene en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y al apoyo recibido por legisladores del peronismo disidente en la de Legislación General.

Por el contrario, Juntos por el Cambio insistió constantemente en pasar a la firma el dictamen y llevarlo al recinto la semana próxima para aprobarlo sin discusiones y, de ese modo, convertirlo en ley.

El proyecto de reforma aprobado la semana pasada precisa que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.

En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.