El Gobierno Nacional volvió a cargar contra las prepagas y amplió la medida cautelar a otras cinco empresas. Esta "medida de tutela anticipada", dictada por la Secretaría de Industria y Comercio el miércoles pasado, obliga a un conjunto de empresas de medicina prepaga a modificar los montos de las cuotas de sus planes de salud en la próxima facturación, tomando como referencia los valores a diciembre de 2023 ajustados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las nuevas empresas alcanzadas por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación son el Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo D.D.M SA y el Círculo Médico de Lomas de Zamora.

La medida cautelar se implementó como parte de la iniciativa oficial liderada por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, en respuesta a los aumentos de aproximadamente un 170% en los precios de la medicina prepaga luego de la desregulación del sector respaldada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

Con esta acción, el Gobierno pretende resguardar la competencia en defensa del libre mercado frente a las prácticas anticompetitivas “como el abuso de posición dominante y exceso en la determinación arbitraria e injustificada del aumento de las cuotas”.

Ya son 23 las prepagas afectadas por la medida cautelar, lo que representa el 95% de los beneficiarios cubiertos por este régimen. Se busca que las compañías vuelvan a los precios del 1° de diciembre de 2023 y que también reembolsen a los usuarios lo que hayan cobrado de más durante los últimos cuatro meses, ajustado por la inflación.

Tras el anuncio de la medida, el ministro de Economía se expresó en las redes sociales: “Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media”, celebró.

Según fuentes oficiales, esta medida no implica una intervención en el mercado, sino todo lo contrario. La Superintendencia busca garantizar la transparencia de los indicadores y asegurar la libre competencia a través de su rol fiscalizador.

En este contexto, destacaron que, “el Gobierno desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas, y con el de impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente”, y agregaron que “esta es una acción independiente a la medida tutelar por cartelización que también avanza en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”.