Este miércoles por la tarde la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados avanzará con las consultas en busca de alcanzar una iniciativa que permita la reforma de la actual Ley de Alquileres.

Expondrán cerca de 40 representantes de los inquilinos, corredores inmobiliarios y propietarios, que en su mayoría coinciden en la necesidad de modificar la extensión de los contratos y su actualización anual.

Para este miércoles por la tarde está previsto que expongan, entre otros, Enrique Abatti, de la Cámara de Propietarios de la República Argentina; María Florencia Agüero Birocco, presidenta del Consejo Federal del Consumo (Cofedec) ; Ana Rebeca Ancina, del Sindicato de Inquilines trabajadores de Chubut CTA Autónoma; y Cintia Barenboim, investigadora del Conicet y docente UNR y UAI.

También participarán Andrea Bernal, Coordinadora de abogados y abogadas de interés publico; Alejandro Bustamante, presidente de la Cámara de Propietarios de Jujuy; Jorge Cialiciotti, del Consejo académico universidad Blas Pascal y director de la Escuela de Negocios Inmobiliarios Argentina; y Emmanuel Canelli, de la Asociación Inquilinos de Rosario, entre otros de los representantes del sector invitados.

Por su parte, durante la reunión de la comisión que conduce Cecilia Moreau (Frente de Todos), expusieron 30 invitados de asociaciones de inquilinos de todo el país, martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de defensa del consumidor, en tanto que este jueves se efectuará la última reunión informativa con otros sectores del mercado inmobiliario.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio prevé un plazo de 30 días hábiles -equivalente a 45 días corridos- que vencerá a mediados de mayo como fecha estimada para alcanzar una reforma en la Ley de Alquileres.

La normativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma generó numerosas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad, y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.