La causa por el viaje a Lago Escondido de jueces y funcionarios pasará a Comodoro Py: ¿Qué puede cambiar?
Es por la denuncia que involucra a jueces, agentes de inteligencia, funcionarios porteños y directivos de un multimedios. Hasta ahora se tramitaba en un juzgado federal de Bariloche.
La Cámara Federal porteña resolvió que la causa que investiga un viaje a Lago Escondido protagonizado por jueces federales, funcionarios de Ciudad de Buenos Aires, exagentes de inteligencia y directivos de un multimedios se tramite ante los tribunales federales de Comodoro Py.
El pedido había sido formulado por uno de los imputados, luego de que las actuaciones hasta el momento habían sido llevadas adelante por el juzgado federal de San Carlos de Bariloche.
La resolución fue tomada por el juez de la Sala II de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien decidió "hacer lugar al planteo de inhibitoria formulado en el legajo, para lo cual el juzgado instructor deberá solicitar al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche la remisión de las causas números FGR 17869/2022 y FGR 21086/2022, por las vías pertinentes".
La solicitud en ese sentido había sido formulada por Pablo Yadarola, el juez del fuero penal económico quien formó parte del viaje al paraje rionegrino de Lago Escondido junto con otros magistrados, funcionarios del Ejecutivo porteño, ex agentes de la Administración Federal de Inteligencia y directivos del Grupo Clarín.
El lunes, al retomarse la actividad luego de la feria judicial, el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, había emitido dictamen favorable al pedido de Yadarola. Esto despejó el camino para el fallo del juez.
"Se sabe -sin debate o duda al respecto- que todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí", expresó Farah en su decisión. “A los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado”, agregó.
��Se llevan a Comodoro Py la causa sobre el viaje a Lago Escondido de jueces, funcionarios, espías y empresarios. Lo decidió el camarista Eduardo Farah. pic.twitter.com/F9tE1qdZwi
— Irina Hauser (@Irihauser) February 1, 2023
Hasta ahora, la causa era tramitada ante el juzgado federal de Bariloche que hasta enero subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien por otra parte anunció que se jubilará y dejará su puesto.
Viaje a Lago Escondido: qué es lo que investiga la Justicia
El viaje al paraje rionegrino de Lago Escondido fue realizado en el mes de octubre, según consta de los permisos de vuelo y de las facturas exhibidas por los viajeros. Entre estos se encontraban los jueces federales Yadarola (Penal Económico), Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal).
En el caso también se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia), Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia durante la gestión Cambiemos, Leonardo Bergroth, y el presidente de Mediabit SA, Tomás Reinke.
La presunción es que los imputados recibieron dádivas, ya que el viaje fue pagado por una empresa privada, y que además intentaron falsificar facturas para aparentar que habían abonado los gastos por su cuenta. También que habrían intentado hacer pesar sus influencias para frenar o desviar la investigación.
Una investigación publicada por el diario Tiempo Argentino reveló el contenido de un grupo de chat en el que los acusados intercambiaban estrategias para contener la denuncia y dar una versión construida de las características de ese viaje.
En base a esos elementos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, con instrucciones expresas del presidente Alberto Fernández, presentó la denuncia penal por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas” en que habrían incurrido los imputados.