La Corte recién estudiará el lunes el pedido para que vuelvan las clases presenciales
En los hechos, la demora ratifica el cierre de colegios en el AMBA dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Mientras tanto, la Justicia porteña se declaró incompetente y rechazó un amparo presentado por particulares.
La demanda judicial interpuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la validez del decreto 241 recién será tratada el lunes por la Corte Suprema. Esto causará que al menos en los hechos se ratifique el cierre de los colegios en el área metropolitana de Buenos Aires y el dictado de clases virtuales, sin que alumnos y docentes concurran a las aulas.
Fuentes judiciales adelantaron que la causa no contempla la habilitación de días y horas inhábiles, un mecanismo que permite tomar medidas durante los fines de semana. De esa manera, la Corte recién se abocará el lunes al estudio de la medida cautelar presentada por el Gobierno porteño contra el DNU del jueves que, entre otras medidas de prevención contra el coronavirus, establece "la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades" en el AMBA.
La medida cautelar presentada por las autoridades porteñas ya tiene el visto bueno de la procuradora fiscal Laura Monti, quien dictaminó que la Corte tiene competencia sobre el tema.
El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, había anunciado que acudiría a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto porque, a su entender, el Poder Ejecutivo Nacional "vulnera la autonomía de la Ciudad... al arrogarse potestades eminentemente locales, como lo son las materias de salud y educación".
El pedido también había sido realizado ante la Justicia porteña por un grupo de ciudadanos. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario rechazó la medida cautelar y se declaró incompetente. La resolución entiende que al haber recurrido a la Corte Suprema, "el propio Poder Ejecutivo local también considera que esta jurisdicción no resulta competente para resolver la medida preventiva".