Van dos años desde el inicio del juicio oral al ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime y el exministro Julio De Vido por corrupción, y a pocas sesiones de un veredicto la legalidad del proceso fue cuestionada por la defensa. El motivo: uno de los jueces se debió apartar del tribunal por haber cumplido 75 años.

La causa por la compra de trenes chatarra a España y Portugal se inició a mediados del 2019, y continuó a lo largo de la pandemia mediante Zoom. La noticia del retiro de José Martínez Sobrino, quien cesa sus funciones como juez de acuerdo a lo dictado en la Constitución, comenzó un acalorado debate entre el tribunal y la defensa que sacudió la solidez del futuro veredicto.

Según informó La Nación, la incorporación del juez suplente Ricardo Basílico, designado de antemano, provocó la reacción de la fiscal Gabriela Baigún. La integrante del Ministerio Público Fiscal pidió que las defensas consintieran la actuación de Basílico para prevenir futuras nulidades, y justificó su pedido objetando que debía "velar por la legalidad del proceso". Tras la insistencia de Baigún el pedido fue dado lugar, pero luego de un cuarto intermedio el tribunal determinó que la consulta no correspondía.

Lo que encendió el fuego fue la intervención del defensor oficial Eduardo Chittaro, quien en lugar de inaugurar la etapa final del juicio cuestionó la integración de Basílico, quien no estuvo presente en todas las audiencias. Argumentando que las grabaciones no son suficiente y declarando que el tribunal original "se desintegró", Chittaro agregó: "Mis defendidos no tienen la garantía de que el juez reemplazante haya podido saldar sus dudas sobre los testimonios de los testigos".

Luego de un acalorado debate, Baigún cerró la audiencia. La funcionaria reforzó su desacuerdo con la nulidad del defensor de las hijas de Jaime y opinó, según informó La Nación, "que Martínez Sobrino nunca debió levantarse de su butaca, que no podía autoexcluirse como juez y hasta señaló que su conducta era rayana con la violación de sus deberes de funcionario".

Baigún finalizó justificando su planteo inicial al ser un deber como fiscal y pidió la ratificación del nuevo miembro del tribunal. "Martínez Sobrino debe seguir en este juicio sentado en su despacho. Si tiene apuro por irse que pongan más fechas de audiencias", reclamó.

Tras su intervención, los jueces pasaron a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo. El juicio está entrando sus etapas finales: la fiscalía demandó que el tribunal otorgue ocho años de prisión para Ricado Jaime, quien sigue detenido por orden del mismo Tribunal en la cárcel de Ezeiza, y cuatro para Julio De Vido, quien estaba en prisión preventiva por la Tragedia de Once, pero fue puesto en libertad cuatro días después del ascenso del presidente Alberto Fernández.