En las últimas horas, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) Cristina Caamaño puso a disposición de la Justicia 105.000 archivos de audio de escuchas resguardados en el organismo y obtenidas durante el macrismo entre 2016 y 2019, en presunta violación a la Ley de Inteligencia.

"Para mí la orden tenía que venir del Presidente (por entonces Mauricio Macri); el objetivo era escuchar online" como parte del "espionaje ilegal", evaluó la funcionaria en declaraciones a la prensa antes de ingresar a los tribunales federales de Retiro.

Caamaño entregó un escrito al actual juez que lleva la causa por "espionaje ilegal" que hasta el año pasado se investigó en Lomas de Zamora, Marcelo Martínez De Giorgi.

En ese escrito, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia advirtió que "puede verificarse que, en la práctica, las escuchas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, de la mano del Director General (de la AFI), Gustavo Arribas y la Subdirectora General, Silvia Majdalani, volvieron a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia".

Esto implicaría una "flagrante contradicción con lo dispuesto por la Ley N° 25.520 y su modificatoria, Ley N° 27.126", se agregó en relación a la Ley de Inteligencia.

La existencia de esos archivos había sido informada por la AFI a la justicia de Lomas de Zamora pero nunca fueron solicitados, pese a que están preservados y "a entera disposición a efectos de coadyuvar en la presente pesquisa", se explicó ahora a Martínez De Giorgi.

Según detalló en el escrito y explicó la funcionaria a la prensa, esas escuchas se obtuvieron mediante un sistema "punto a punto" que la gestión del macrismo en la AFI implementó con la Dajudeco, el organismo a cargo de las escuchas judiciales que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Es preciso resaltar que la información que se ordenó resguardar forma parte de un procedimiento gestionado enteramente por las máximas autoridades de este Organismo entre los años 2016 y 2019", se destacó en el escrito.

A través del entonces Servicio Jurídico de la AFI "se requerían intervenciones telefónicas ante los magistrados a cargo de distintas investigaciones".

Posteriormente "diligenciaban la autorización judicial pertinente ante la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), para finalmente recibir el material a través de un sistema de contenido de audios y transcripciones que funcionaba en un servidor ubicado en el Organismo".

"Dicho sistema implicaba una conexión de enlace tipo punto a punto que conectaba la Dajudeco con la Agencia Federal de Inteligencia", agregó.

"Creo que la AFI macrista, además de no haber destruido estos 105.000 archivos que se supone que todos tienen un requerimiento judicial, lo que hizo Arribas con una resolución fue más o menos convertirse en juez, él le pedía a la Justicia y la Justicia daba la autorización", refirió Caamaño en sus declaraciones periodísticas.

En la AFI están preservadas "un montón de escuchas que no se destruyeron. Quiero que el juez Martínez De Giorgi sepa eso", agregó.

El 24 de diciembre de 2015, el entonces presidente Macri firmó un decreto por el cual sacó las escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General de la Nación y esa tarea quedó encomendada a la Dajudeco.