La Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC) derogó el sistema de evaluación estadístico mediante el cual se realizaba un ranking de cumplimiento horario de las operaciones aéreas.


La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial a través de la resolución 290/2024, elimina un procedimiento “ineficaz que no impactaba en la mejora del servicio y sólo aumentaba los trámites burocráticos para las aerolíneas”, se argumentó en la disposición.


En la resolución se amplió: “Ya existen diversas empresas y organismos que ejecutan seguimientos de vuelos a nivel global que elaboran los informes de puntualidad, viendo así innecesario el uso de recursos estatales para la misma función”.

Según indica la disposición, la decisión fue trabajaba en coordinación con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
 

A tal efecto, la ANAC derogó la resolución 1195/2016, que establecía un sistema de evaluación estadístico de cumplimiento horario de las operaciones aéreas, a modo de ranking de puntualidad.

Luego de evaluar exhaustivamente su funcionamiento, se determinó que el sistema atentaba contra la eficiencia de las empresas y contra los servicios prestados, dados los recursos que debían destinar obligatoriamente a la producción y organización de los datos que se les pedían para la confección del índice. A su vez, no había sido eficaz en la disminución de la impuntualidad. 

¿Qué beneficios acarrea la medida según el Gobierno?

La eliminación de cargas administrativas a empresas privadas contribuirá a la agilización de trámites, resultando directamente en una mejora de las condiciones del servicio para los pasajeros.


La autoridad aeronáutica seguirá aprobando operativamente los itinerarios, capacidad, frecuencias y horarios, y continuará fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones de los transportistas y protegiendo los derechos de los pasajeros. 
 

Desde agosto último, la ANAC comenzó a labrar actas de infracción por incumplimiento en las prestaciones de servicios a las empresas aéreas por cancelaciones de vuelos y cambios de itinerarios sin previo aviso que afectan a los pasajeros.


La derogación de esta disposición se suma al conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno en el marco de la política de Cielos Abiertos y desregulación del sector aerocomercial.