El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que, en caso de que se registre un rebrote de casos de coronavirus, habrá "medidas excepcionales de emergencia" impulsadas desde el Estado para contener a los sectores más vulnerables.

“Si hay rebrote- dijo el funcionario en Radio Rivadavia- va a haber acompañamiento del Estado para atender la situación económica”, sostuvo el ministro y agregó que, si aumenta el nivel de los contagios, "se van a tomar medidas excepcionales”.

"El Presupuesto 2021 está armado sobre un esquema de no pandemia o de no rebrote. Si efectivamente hay un rebrote, vamos a generar las medidas de emergencia para atender la situación", remarcó Arroyo.

En este sentido, ejemplificó con que "el 2020 comenzamos con un presupuesto de 84 mil millones de pesos y terminamos con 240 mil millones de pesos", con lo cual indicó que, "a pesar de que la situación económica es complicada, los recursos van a aparecer".

Dura situación

En tanto, el ministro explicó que "la situación social es crítica: aumentó la pobreza, la desocupación y los jóvenes tienen problemas para acceder al empleo", y resaltó que existen medidas que están "amortiguando esta realidad, como el plan Potenciar Joven".

"La pandemia extendió la adolescencia y la juventud, por lo que un pibe de 27 o 28 años la tiene muy difícil para acceder al mercado laboral", precisó al referirse al Plan Potenciar Joven, mediante el cual apuntan a "incluir a más de un millón de personas de entre 18 y 29 años", según precisó.

Asimismo, explicó que "no" se trata de un "plan social" ya que "los jóvenes presentan proyectos, hay que evaluarlos, ver la viabilidad de estos proyectos y, en función de eso, se ponen en marcha, y luego viene la beca para llevarlos adelante".

Según se precisó desde Desarrollo Social, el programa Potenciar Joven "busca elaborar mecanismos comunitarios para el acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad, propiciando su acceso a recursos que garanticen sus derechos".

El monto de esta beca es de hasta $8500 mensuales por 12 meses y, a través de distintos convenios celebrados con municipios, provincias e instituciones de la sociedad civil, se apunta al financiamiento de proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios.