La Corte Suprema decidió este jueves posponer una definición en el caso que enfrenta al Gobierno nacional y al porteño por el recorte en la coparticipación dispuesto en 2020, en medio de una protesta policial en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con lo que se consignó, pese a que estaba previsto tratar el tema durante esta jornada, finalmente fue retirado de la agenda oficial del máximo tribunal del país.

La Corte Supreme debe decidir si acepta la cautelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se le restablezcan los fondos federales de seguridad, asignados cuando Mauricio Macri fue presidente de la Nación. Estas partidas fueron cortadas por el Gobierno de Alberto Fernández en 2020.

Por su parte, el ministro del Interior, Wado De Pedro, había expresado el 15 de noviembre su preocupación al respecto. “Trascendidos periodísticos anticipan un supuesto fallo de la Corte Suprema a favor de la transferencia discrecional e ilegal de fondos que Mauricio Macri le dio por decreto a Horacio Rodríguez Larreta en desmedro del desarrollo de las provincias y sus habitantes”, escribió en su cuenta de Twitter. Además, el ministro se preguntó: "¿Fondos en un año electoral?”.

El 10 de marzo pasado, ante el máximo tribunal de Justicia del país, fue la última audiencia pública de los representantes de la Nación y de la Ciudad en procura de resolver las diferencias. Silvina Batakis, después ministra por unas semanas y ahora presidenta del Banco Nación, fue como funcionaria de la cartera que encabeza De Pedro. Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, representó los intereses porteños. No hubo acuerdo.

Los porcentajes de la controversia

La controversia gira en torno al porcentaje de fondos transferidos a la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri, después reducido al 3,5% por ese mismo Gobierno.

El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de Covid-19 y a través del decreto 735/2020, Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.

Luego, el Congreso de la Nación aprobó una ley que ordenó una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que estableció que el dinero no correspondería a fondos coparticipables. La Ciudad de Buenos Aires recurrió, entonces, a la Justicia, con una demanda de fondo y una cautelar para que se suspenda el recorte.