El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la creación de una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar, en respuesta al reciente cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños que dependía de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). 

La medida se oficializó un día después de que el presidente Javier Milei decidiera eliminar esta unidad mediante el decreto 727/2024, que fue publicado en el Boletín Oficial.

Kicillof tomó la decisión tras reunirse con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien expresó su preocupación. “Ayer nos enteramos que por decisión del presidente Milei se avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) que, entre otras tareas, se dedica a la búsqueda de bebés nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado. Seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo”, afirmó el gobernador bonaerense.

En su mensaje, que fue publicado en su cuenta personal de X, el mandatario provincial reafirmó el compromiso de su gobierno con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, asegurando que, a pesar de la decisión del gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires seguirán trabajando en la búsqueda de las personas desaparecidas durante la dictadura.

El desmantelamiento de la Unidad Especial de la Conadi generó fuertes críticas, especialmente porque esta tenía facultades para “acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional”, lo que facilitaba la investigación de casos de desaparición de niños. 

Desde su creación en 2004, la unidad fue clave en la asistencia a solicitudes judiciales y fiscales relativas a bebés nacidos en cautiverio. Incluso, durante el gobierno de Mauricio Macri, la unidad continuó operando.

El gobierno de Javier Milei, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, defendió la eliminación de la unidad argumentando que sus competencias correspondían al Poder Judicial y que, por lo tanto, su existencia “violaba la división de poderes y el régimen constitucional”. 

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, señaló que “gobiernos anteriores se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos a través de la Unidad Especial de Investigación de la Conadi. De esta forma, violaron el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas”.

Por su parte, Estela de Carlotto fue tajante en su rechazo a la medida. En una entrevista radial, sostuvo que “este gobierno está cerrando un montón de puertas posibles para seguir haciendo la búsqueda, que es un derecho humano y universal. No es algo nuestro. Llevamos más de 47 años de lucha y este impedimento creo que es aberrante. Esto es aberrante. No puede ser que se quiera borrar la historia para que no se hable más, y se hable de cosas que realmente siempre perjudican a la sociedad”.

Recortes y desmantelamiento en políticas de derechos humanos

El cierre de la Unidad Especial de la Conadi es parte de un conjunto más amplio de recortes y desmantelamientos en las políticas de derechos humanos que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. 

Entre otras medidas, se eliminó el Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA), creado en 2010 para investigar las estructuras y cadenas de mando del sistema represivo de la dictadura. El ministro de Defensa, Luis Petri, justificó la disolución de este equipo calificándolo de “parajudicial” y de ser un “grupo de persecución y macartismo”.

Además, se discontinuó el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que había sido establecido tras una acordada de la Corte Suprema en 2008 para publicitar los juicios por crímenes de lesa humanidad. 

También se interrumpió la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones de derechos humanos, creada en 2021 en la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Al mismo tiempo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que los sitios de memoria en todo el país están siendo desfinanciados y que hay demoras en las políticas de reparación económica a las víctimas de la dictadura, alimentadas por “denuncias generalizadas que pretenden extender sin sustento la sospecha de corrupción sobre la totalidad de la política pública”.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, varios funcionarios de La Libertad Avanza han manifestado posturas que niegan el terrorismo de Estado o minimizan los crímenes de la dictadura.

La más reciente polémica fue la visita de diputados libertarios, como Beltrán Benedit y Lourdes Arrieta, entre otros, a la cárcel de Ezeiza, donde se reunieron con represores condenados como Alfredo Astiz, quienes cuestionan los juicios por crímenes de lesa humanidad y solicitan su liberación.