Una joven denunció que recibió amenazas de la esposa de un juez al que acusó de abuso en Puerto Iguazú, Misiones. 

“Una hora después (de haber realizado la denuncia) se presentó en el estudio jurídico de mi papá su esposa, diciendo que no va a parar hasta ver a toda mi familia muerta”, escribió Milagros, una de la dos  denunciantes, en su cuenta de Twitter.

Y siguió: “Además recibí mensajes de cuentas truchas de Instagram diciendo txt ‘Avísale a tu familia que esto está en manos de gente pesada’. Soy la segunda chica que denuncia de manera formal a esta persona, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones se mantiene en silencio”.

La primera denuncia contra el magistrado la realizó una joven de 23 años, estudiante del último tramo de la carrera de abogacía, que había comenzado a trabajar en febrero de este año en el mencionado Juzgado, donde recibía incesante “acoso laboral” de parte del magistrado, según expresó en su presentación ante la Justicia.

“El denunciado cruzó la barrera de los dichos verbales para avanzar hacia el contacto físico. En dos oportunidades el mismo solicitó ‘abrazos’ y ante mis reiteradas negativas, se acercaba hacia mí, tomándome por la fuerza y presionándome contra su cuerpo”, dijo la denunciante.

Además, otra joven también presentó una denuncia similar, contra el funcionario judicial.

Interviene, el juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, Martín Brites.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Misiones el miércoles presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia una denuncia promoviendo el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez de Familia de Puerto Iguazú, que se encuentra acusado de “abuso sexual simple” en perjuicio de dos empleadas del juzgado.

Se trata del titular del Juzgado de Familia y Violencia Familiar N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial de Puerto Iguazú, Pedro Alberto Fragueiro (49), quién se encuentra de licencia por enfermedad de largo tratamiento y además este jueves fue suspendido de sus funciones por el STJ.

“Consideramos los suscriptos que la conducta del denunciado fue reprobada e impropia para la investidura que ostenta, la cual no puede ser minimizada, ya que su proceder afecta no solo el funcionamiento del aparato judicial, sino que refuerza estereotipos sobre la base de la existencia de condiciones históricas de desigualdad entre hombres y mujeres, reproduciendo patrones de dominación masculina de violencia y discriminación tanto en el ámbito laboral, institucional, como social”, expresa el comunicado del organismo.

Y continúa, “Sabemos que no es fácil transitar estas situaciones de violencia, y mucho menos tomar el coraje para contarlo, las victimas hablan cuando pueden y están preparadas para hacerlo, los daños psíquicos y emocionales que el maltrato ha generado en ellas suele ser graves, y muchas veces la culpa, la vergüenza, el miedo a la condena social paralizan”.

“Estamos convencidos que resulta indispensable contar con una adecuada perspectiva de género a la hora de analizar y abordar situaciones de violencia en general y en particular. Es muy importante que el tribunal comprenda que no es posible tener una mirada “neutral” a la hora de valorar los hechos y las conductas”, señalaron y recalcaron que “es deber entonces del Jurado de Enjuiciamiento adoptar las medidas adecuadas con las sanciones correspondientes a fin de prohibir toda forma de discriminación contra la mujer”.