Los ocho jóvenes condenados el lunes último por el crimen de Fernando Báez Sosa permanecían este viernes alojados en la Alcaidía 3 del penal de la localidad platense de Melchor Romero, donde estaban a la espera de ser trasladados a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, que consideró por unanimidad que Máximo Thomsen (23), Ciro Pertossi (22), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Luciano Pertossi (21) fueron coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves", con prisión perpetua como única condena posible.

Además, los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia entendieron que Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23) fueron "partícipes secundarios" del mismo delito y se les aplicó una pena de 15 años de prisión.

Los abogados de las dos partes y los fiscales del caso, poco tiempo después, formalizaron la reserva para recurrir ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Lo hicieron a través de sendos escritos presentados ante el TOC 1 de Dolores. 

Los argumentos de apelación de la defensa

Vamos a Casación. No tengo nada para decir hoy”, anticipó en declaraciones a la prensa el abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, poco después de escuchar el veredicto.

El letrado plantea que el juicio fue “ilegal” porque sus defendidos no tuvieron una audiencia de indagatoria, prevista en el artículo 308 del Código Procesal.

Otro punto gira en torno a la figura de la alevosía que, según sostiene, no está probada al igual que el plan de premeditación que promovió la acusación.

El fiscal Juan Manuel Dávila (Archivo/Télam).

El tercer y último argumento del abogado es el de la incongruencia entre lo que se los acusó a los rugbiers, en una primera instancia, y lo que luego probaron. Es que, según aduce, durante la imputación se habla de cinco personas golpeando a la víctima y, luego en la acusación, se menciona el ataque de ocho.

Tomei, en caso de no ser oído en instancias provinciales, prevé continuar hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia y, de ser necesario, a tribunales internacionales.

El motivo de la querella para recurrir a Casación

Poco después de conocerse el veredicto, Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, en su cuenta de Twitter escribió: “Se dio el primer paso en el pedido de justicia por Fernando, marcando un precedente en el país, en especial para la juventud. La violencia nunca es el camino, puede traer consecuencias tan tristes como la muerte o la cárcel. Pero el fallo no fue suficiente, vamos a apelar”.

Luego, en una conferencia de prensa, especifió que apelaría las condenas que recibieron Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi.

No se entiende cómo a estas tres personas las benefician con la participación secundaria. Es contradictorio, irracional e incoherente pensar que uno participó más o menos de un plan cuando todos participaron. Fue una Justicia débil y la justicia débil no es justicia, enfatizó.

 El argumento para apelar de los fiscales del caso

Los representantes del Ministerio Público Fiscal en el juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, presentaron la reserva de Casación el lunes 6 de febrero, pocas horas después de haber escuchado el fallo condenatorio del TOC N° 1.

En el escrito, según consignó Infobae.com, Dávila y García expresaron “la intención de interponer Recurso de Casación” contra el veredicto dictado respecto de los imputados Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, “quienes fueran condenados como partícipes secundarios del hecho calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves”, en perjuicio de Fernando y algunos de los amigos de la víctima mortal.

De esa manera, los fiscales -al igual que el equipo de abogados que representa a la familia Báez Sosa- formalizaron la reserva para recurrir ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense con el fin de que se revisen las condenas a 15 años que recibieron tres de los ocho imputados por el crimen ocurrido en enero del 2020 en Villa Gesell.