Por Ignacio Barrios
@BarriosNacho

En Argentina, el concepto de “justicia por mano propia”, siempre forma parte de una eterna discusión entre las personas y es protagonista de debates en canales de noticias. 

El pasado 17 de julio, cinco delincuentes ingresaron a robar la vivienda de Jorge Adolfo Ríos, un herrero jubilado de 71 años residente de la localidad bonaerense de Quilmes. Los malvivientes golpearon a Ríos para que este les diera todo el dinero que guardaba en su casa.

Sin embargo, el septuagenario tomó un arma que yacía en su domicilio y baleó a uno de ellos, Franco "Piolo" Moreira, para luego ejecutarlo de tres disparos, quizá por miedo a una futura represalia o tal vez por la “bronca” de haber sido robado en reiteradas oportunidades.

El denominado mediáticamente como “jubilado justiciero” estuvo detenido en una comisaría, acusado de homicidio agravado, hasta que tres días después el poder judicial le concedió la prisión domiciliaria.

Tan solo cinco días después del hecho delictivo, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, Néstor Génova (81) fulminó de un escopetazo a Lucas Nahuel Jerez (27), un hampón de frondoso prontuario que días atrás había sido liberado de la cárcel de Batán.

Génova ni si quiera avistó a Jerez, quien había ingresado junto a otros dos sujetos. "Estaba oscuro cuando tiré", detalló luego del suceso. El caso fue caratulado en primera instancia por el fiscal Fernando Castro como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego", pero no dispuso ninguna medida restrictiva contra el jubilado. Aún Investigan si se trató de un caso de legítima defensa.

¿Cuál fue la postura de la gente?

A raíz de todos estos hechos de inseguridad, cuya muerte de los ladrones fue el común denominador, Crónica consultó con sus lectores a través de una encuesta realizada en Twitter con qué postura estaban más identificados, en torno a la responsabilidad penal de los jubilados.

El 70% decantó por el “No”, ante la pregunta “¿Creés que los jubilados que mataron a ladrones deben recibir condena?" La segunda opción más elegida fue la de “Depende el caso”, con un 17% y por último el “Si”, con apenas un 11%.

Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la UNQ y director del Laboratorio de estudios sociales y culturales sobre violencias urbanas (LESyC), se refirió en diálogo con Cronica.com.ar a las respuestas de la gente: "en las últimas décadas hemos visto proliferar distintas formas de justicia vecinal. son formas de justicia difamatoria, ostentosas, emotivas y ultraveloces, tributarias de la justicia mediática en la medida que proponen procesar conflictos más allá del principio de inocencia, el debido proceso, sin que exista un tercero imparcial que vele por los derechos tanto de la víctima como de la persona imputada o sospechada".

Ante el "no" de la gente, sobre la pregunta que alude a la responsabilidad de los hombres que asesinaron a los delincuentes, se infiere que existe un descreimiento del Poder Judicial por parte de los ciudadanos.

Sobre esto hace mención el investigador: "Estas formas de justicia difamatoria son la expresión de una crisis de justicia. Si los jueces no juzgan entonces los vecinos desarrollan otras prácticas para encarar sus conflictos. Estas prácticas lejos de detener las violencias tienden a escalar los conflictos a los extremos".

El también autor del libro "Temor y control, La máquina de la inseguridad y Vecinocracia: olfato social y linchamiento", hizo énfasis en como este tipo de hechos colabora en la construcción de lo que él llama "vecinocracia". "No son experiencias con la capacidad de detener la violencia sino de generar más violencia, poniendo a los barrios en callejones sin salida, generando más malentendidos entre sus habitantes. Pero también son la expresión de autoritarismos remanentes que surca el imaginario social y que, de vez en cuando, activan pasiones punitivas", culminó Rodríguez Alzueta.

Las armas en números

El otro factor que atraviesan estos episodios, de lo que vulgarmente se conoce como "justicia por mano propia", es el de las armas en poder de ciudadanos. Según datos relevados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), hay cerca de 1.618.877 armas registradas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

Este mismo índice muestra que el 84% pertenecen a civiles y que se estima que hay otra cantidad similar de armas ilegales y/o no registradas. Sin embargo, la ANMAC sólo tiene registradas 1.016.843 personas para tener armas, lo que indica que la mitad de estas personas tiene más de un arma. Además se estima que hay otras 1.600.000 armas ilegales.

Asímismo, el New England Journal of Medicine realizó un estudio que muestra que vivir en un hogar con un arma de fuego aumenta el riesgo de muerte entre un 40% y un 170%.