Un capitán y otros ocho efectivos de la policía bonaerense fueron detenidos hoy en el marco de una investigación que comenzó en febrero pasado con el crimen de un hombre vinculado al narcotráfico, y en la que se sospecha que los ahora apresados se apoderaron de una cantidad de cocaína que había sido secuestrada en un operativo.

Los policías detenidos pertenecían a la comisaría de Francisco Álvarez y al gabinete de Drogas Ilícitas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno, y ahora quedaron a disposición de la jueza de Garantías de Moreno Adriana Julián, a pedido de la fiscal de ese distrito Gabriela Urrutia.

 Auditoría General de Asuntos Internos tomó intervención en el caso e inició una investigación administrativa, tras lo cual dispuso el pase a disponibilidad de los 9 policías involucrados.

Los investigadores de Asuntos Internos trabajaban sobre los legajos de al menos otra decena de efectivos de la misma zona bonaerense ante la sospecha de que también pudieran tener vinculación con la pesquisa.

Las detenciones de los efectivos se concretaron anoche y esta madrugada, durante una serie de allanamientos realizados por personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal (PFA), con colaboración de policías de la provincia, a pedido de la jueza Julián.

Los allanamientos fueron realizados en las sedes de la comisaría de Francisco Álvarez y de la Delegación Departamental de Moreno-General Rodríguez, donde se hallaban todos los policías imputados.

Durante los procedimientos se secuestraron más de una decena de celulares, anotaciones y las armas reglamentarias de todos los involucrados.

Los detenidos fueron identificados por la Justicia como el capitán Abel Ramón Acosta; la oficial Principal Gabriela Noemí Ibarra; el sargento Leonardo Fabián Biotti; el oficial Juan Eduardo Vieira; el oficial Alexis Abel Romero; el subteniente Sebastián Eduardo Perín; el suboficial mayor Ángel Rufino Morales; el oficial ayudante Claudio Sebastián Branchi y el subteniente Darío Roberto Torres.

La causa en la que quedaron implicados comenzó el 15 de febrero pasado con el homicidio de  José Gutiérrez (32), quien fue asesinado en General Rodríguez de dos balazos por dos hombres que se movilizaban en una moto y que, tras concretar el crimen, huyeron sin robar nada.

El caso fue considerado por los pesquisas como un típico caso de sicariato vinculado a un ajuste de cuentas por la venta de estupefacientes en la zona.

La sospecha de la Justicia es que Gutiérrez fue asesinado porque había delatado a un capo narco de la zona, y le habían jurado venganza.

La fiscal Urrutia solicitó una serie de procedimientos y detenciones y, en ese marco, se sospecha que se secuestraron unos cinco kilos de cocaína lo que no fue informado a la Justicia, lo que se conoce en la jerga policial como una "mejicaneada".

La investigación apunta a que la cocaína fue apropiada y escondida en un galpón, aparentemente propiedad de un hombre de nacionalidad colombiana, y que n o fue informada a la Justicia.

Los policías quedaron acusados de los delitos de "robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, por el uso de arma y por ser integrantes de una fuerza de seguridad en concurso real con falsedad ideológica de documento público y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

Por el crimen de Gutiérrez permanecen prófugos dos hombres, de quienes ya se conocen sus identidades.

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