En medio de la investigación que se desarrolla por la desaparición de Loan Danilo Peña, la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, rechazó que el Gobierno de Corrientes sea querellante. 

Después de 46 días de la desaparición del niño de 5 años, período en el cual la Justicia provincial se declaró incompetente y la causa pasó al fuero federal, el Gobierno de Corrientes había pedido intervenir como querellante en la causa. Así lo confirmó el fiscal de Estado de la provincia, Horacio Ortega, quien realizó la presentación correspondiente ante el Juzgado Federal de Goya. Sin embargo, la decisión de Pozzer Penzo fue rechazar la solicitud. 

Asimismo, la Justicia Federal afronta una semana clave con respecto a la situación procesal de los siete detenidos y apura las testimoniales. 

Es que para el transcurso de esta semana, se esperan dos declaraciones relevantes para la investigación secundaria a la búsqueda del nene, que es la trama del posible encubrimiento, a partir de la denuncia falsa de Laudelina Peña, la tía de Loan.

La Justicia federal investiga a una serie de partícipes que tuvieron incidencia aquel 28 de junio en el trayecto que hizo Laudelina desde 9 de Julio hasta Corrientes capital para declarar en la Justicia provincial pese a que la causa ya estaba en el fuero federal. 

En aquel recorrido participó el chofer y ex candidato a concejal, Agustín Ibarra. A esta testimonial se le suma la de Luis Alberto González, el viceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio.

En este marco, el fiscal de Estado de la provincia de Corrientes, Horacio David Ortega, pidió a la Justicia Federal que el Gobierno provincial participe “de cada una de las audiencias de declaración de los imputados y en todo acto pertinente y relativo a este proceso”.

En paralelo, tras la liberación del ex policía Francisco Amado Méndez, quien fue señalado como el “informante” del comisario Walter Maciel, el fiscal Ortega envió una solicitud de procesamiento con prisión preventiva para los siete imputados.

En el escrito presentado al Juzgado Federal de Goya, el fiscal solicitó los procesamientos para Mónica Millapi, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Walter Maciel y Laudelina Peña.

Ahora, la jueza Cristina Pozzer Penzo deberá definir la situación y participación de los siete detenidos en relación a la figura penal de “Sustracción y ocultamiento de menores”.

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