Quedaron imputados siete presos del penal bonaerense de Benito Juárez, acusados de integrar una banda que, desde la penitenciaría, se dedicaban a cometer secuestros virtuales a los vecinos de la zona norte del conurbano. Por estos hechos cobraron hasta miles de pesos, dólares y euros con la ayuda de sus mujeres que accionaban por fuera de la penitenciaría.

Su modo de operar era desde la penitenciaría y con celulares que tenían escondidos en sus calabozos. Seis de los presos se hacían pasar por policías que le aseguraban a sus víctimas que algún familiar tuvo un accidente de tránsito, y que necesitaban los datos de la cobertura médica. Una vez que tenían los datos suficientes, la llamada se convertía en extorsión y amenaza, donde le exigían dinero y joyas para la liberación del supuesto familiar secuestrado, o "lo iban a matar".

Para cobrar los rescates, dos mujeres esposas de algunos presos, iban a las casas de sus víctimas o quienes realizaban las llamadas pactaban un lugar de entrega del dinero en el conurbano y enviaban hacia al lugar un remís que no tenía nada que ver con la banda.

El dinero y los elementos de valor se repartìan entre los que hacían el cobro y familiares o allegados a los presos. En la causa hay escuchas telefónicas en las que no sólo quedó grabada la forma en la que los delincuentes extorsionaban a las víctimas con los falsos secuestros, sino también las conversaciones de los presos con las mujeres que cobraban los rescates.

La investigación está encabezada por el fiscal Claudio Scapolán, del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Fiscalía de San Isidro, y por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de ese distrito.

Los siete reclusos acusados de formar la banda fueron identificados por las fuentes como Lucas Maximiliano Gómez, Juan Víctor Herrera, Joshua Manuel Cachafeiro, Cristian Nicolás Muniz Prieto, Pablo Jesús Netor Castell, Mario Alberto Sánchez y Pablo Nicolás Van Lierde.
Todos ellos fueron imputados por "asociación ilícita y extorsión" y están alojados en la Unidad 37 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con asiento en Barker, partido de Benito Juárez.
 

A partir de las escuchas, el fiscal Scapolán estableció que Netor Castell era el cabecilla de la organización; se encargaba de conseguir los celulares y los chips desde los cuales se hacían los llamados extorsivos. Además, el acusado determinaba quiénes tenían que realizar cada llamado y quién debía ser la persona encargada de cobrar el dinero de cada robo.

En total se secuestraron 12 celulares, chips, cargadores y anotaciones con números de teléfonos y direcciones que tenía la banda sobre las víctimas de los falsos secuestros que ocurrieron al menos desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 16 de enero de este año, añadieron las fuentes.

El primero que comenzó a investigarse sucedió en Las Lomas, partido de San Isidro, donde una mujer entregó 8.000 euros, 10.000 pesos y 200 dólares. Una semana después, otra mujer de la localidad de Béccar fue amenazada porque supuestamente su hermano estaba secuestrado y a cambio le exigieron 4.000 pesos y un reloj.

Otro hecho ocurrió el 14 de diciembre cuando una adolescente de 16 años de Olivos, partido de Vicente López, fue intimidada por teléfono para que entregara objetos de valor a cambio de liberar con vida a su padre, le pagó 9.000 dólares que un remisero retiró de su casa. Cinco días después, un hombre fue intimidado por teléfono porque su padre estaba "secuestrado" y entregó 9.000 dólares, 10.000 pesos y 5.000 pesos uruguayos.